Tal y como muestra un comunicado de la CIDH, en 2002, tras una visita a Venezuela, el comité empezó a establecer un seguimiento cercano al país, y desde ese momento el monitoreo y las advertencias se fueron intensificando. En 2005, la CIDH incluyó a Venezuela entre los países con la situación de derechos humanos más preocupante de la región. Un año después, en 2016, se intensificaron las labores de seguimiento a la situación de derechos humanos. El pasado mes de octubre se creó el MESEVE, un mecanismo especial de seguimiento para Venezuela.
Paolo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH, explica que el MESEVE, “tiene una perspectiva muy integral de respuesta oportuna a la grave situación que vive el país, donde estamos moviendo casos, también identificando situaciones críticas de personas que sus vidas o su integridad física están bajo riesgo”.
La Comisión ha hecho varias recomendaciones en materia de DD.HH. al país caribeño. Algunas de ellas han sido15 cartas de solicitud de información de estado, 69 comunicados de prensa, 42 medidas cautelares y 36 audiencias públicas desde el año 2016. Sin embargo, si el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, no acoge las múltiples recomendaciones de la entidad.
La abogada de DD.HH. de Alianza Américas, Helena Olea, explica que, aunque el gobierno en disputa de Maduro desconozca a la CIDH, sus recomendaciones y advertencias “sirven simplemente para recordar a nivel nacional y a nivel interno cual es la situación de DD.HH. en el país, para señalar cuales son los mayores obstáculos y los desafíos más importantes a los cuales debería involucrarse el gobierno”.
El ministro de exteriores del gobierno en disputa Jorge Arreaza, expresó en su cuenta de Twitter que la CIDH no ingresaría a Venezuela, ya que, según él, “Venezuela no forma parte de la OEA”.
El analista Marc Schneider, señala que el gobierno en disputa está incumpliendo sus propios compromisos: “negar la visita es otra indicación de la falta de respeto de DD.HH. y a sus obligaciones en relación al sistema interamericano de DD.HH.”
Según Olea, podría haber futuras consecuencias para el gobierno en disputa al no acatar las recomendaciones: “puede tener consecuencias a nivel de credibilidad en espacios internacionales, en el liderazgo que Venezuela puede tener. Puede eventualmente tener implicaciones para otro tipo medidas económicas a las cuales eventualmente Venezuela tenga acceso”.
Scheider señala la necesidad de tomar más medidas a nivel diplomático: “siempre uno espera que el gobierno responda, hasta el momento no lo ha hecho. En este caso acciones de presión diplomáticas sí que serían necesarias”.
Es importante destacar que, si el gobierno en disputa no toma en cuenta a la CIDH, el organismo asegura que seguirá exigiendo una mejora en la situación de DD.HH. en Venezuela.
Paolo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH, explica que el MESEVE, “tiene una perspectiva muy integral de respuesta oportuna a la grave situación que vive el país, donde estamos moviendo casos, también identificando situaciones críticas de personas que sus vidas o su integridad física están bajo riesgo”.
La Comisión ha hecho varias recomendaciones en materia de DD.HH. al país caribeño. Algunas de ellas han sido15 cartas de solicitud de información de estado, 69 comunicados de prensa, 42 medidas cautelares y 36 audiencias públicas desde el año 2016. Sin embargo, si el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, no acoge las múltiples recomendaciones de la entidad.
La abogada de DD.HH. de Alianza Américas, Helena Olea, explica que, aunque el gobierno en disputa de Maduro desconozca a la CIDH, sus recomendaciones y advertencias “sirven simplemente para recordar a nivel nacional y a nivel interno cual es la situación de DD.HH. en el país, para señalar cuales son los mayores obstáculos y los desafíos más importantes a los cuales debería involucrarse el gobierno”.
El ministro de exteriores del gobierno en disputa Jorge Arreaza, expresó en su cuenta de Twitter que la CIDH no ingresaría a Venezuela, ya que, según él, “Venezuela no forma parte de la OEA”.
El analista Marc Schneider, señala que el gobierno en disputa está incumpliendo sus propios compromisos: “negar la visita es otra indicación de la falta de respeto de DD.HH. y a sus obligaciones en relación al sistema interamericano de DD.HH.”
Según Olea, podría haber futuras consecuencias para el gobierno en disputa al no acatar las recomendaciones: “puede tener consecuencias a nivel de credibilidad en espacios internacionales, en el liderazgo que Venezuela puede tener. Puede eventualmente tener implicaciones para otro tipo medidas económicas a las cuales eventualmente Venezuela tenga acceso”.
Scheider señala la necesidad de tomar más medidas a nivel diplomático: “siempre uno espera que el gobierno responda, hasta el momento no lo ha hecho. En este caso acciones de presión diplomáticas sí que serían necesarias”.
Es importante destacar que, si el gobierno en disputa no toma en cuenta a la CIDH, el organismo asegura que seguirá exigiendo una mejora en la situación de DD.HH. en Venezuela.