Cuando el presidente Donald Trump anuló las protecciones que tenían los jóvenes sin permiso de residencia que fueron traídos a Estados Unidos de niños, el procurador general de California Xavier Becerra le pidió a un integrante de la sección de derechos civiles de su dependencia que preparase una respuesta legal del estado.
Michael Newman, quien ahora encabeza esa sección, recuerda los días en que se planificó la estrategia. Jornadas inacabables en las que no se distinguía entre el día y la noche. Becerra lideró las reuniones en una mesa de conferencias de madera en su despacho de Sacramento, con la participación de una docena de abogados y asesores.
El 11 de septiembre del 2017, menos de una semana después de que el presidente anunciase su decisión, California presentó una demanda en la que acusó a Trump de tratar de “devolver a las sombras” a 800.000 inmigrantes que se habían beneficiado con el programa DACA (siglas en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) de Barack Obama que dejaba en suspenso las deportaciones de los jóvenes conocidos como “dreamers” (soñadores). La demanda ayudó a que un tribunal ordenase al Departamento de Seguridad Nacional que continuase amparando a los que ya se habían cobijado bajo ese programa.
El caso llegó a la Corte Suprema, que el viernes analizará si acepta una apelación o no.
Becerra y sus colaboradores hablaron en entrevistas recientes sobre esa demanda como parte de un repaso de la batalla que libra esa procuraduría contra muchas políticas del gobierno de Trump.
Becerra, quien es hijo de inmigrantes mexicanos, ha sido el procurador general estatal demócrata que con más intensidad ha resistido numerosas iniciativas de Trump. Desde que el gobernador Jerry Brown lo nombró hace dos años, ha iniciado casi un centenar de acciones legales, incluidas 45 demandas, relacionadas sobre todo con casos de inmigración, medio ambiente y atención médica. En muchos casos se le unieron los procuradores generales de otros estados.
Se ha apuntado importantes victorias, aunque todavía hay muchos casos pendientes. Pero poco se sabe del funcionamiento de su gestión: quién trabaja en cada caso, cuánto cuestan y cómo se planifican las demandas.
Becerra, quien fue reelegido con gran mayoría el 6 de noviembre, no tiene un equipo enfocado exclusivamente en la resistencia a las políticas de Trump, aunque varios de sus abogados han trabajado en numerosas demandas contra la Casa Blanca.
Los casos de inmigración los maneja casi siempre la sección de derechos civiles. La del medio ambiente encabeza la batalla contra decisiones en torno al agua, el fracking y las emisiones de gases de efecto invernadero. Una unidad creada por Becerra trata de proteger el plan de salud de Obama.
“Hacen falta muchas conversaciones con quienes entienden las políticas y quienes saben de esas leyes para poder preparar una demanda”, manifestó.
De todos modos, solo unos pocos de los 1,300 abogados que supervisa Becerra están involucrados con las demandas contra Trump.
Entre julio del 2017 y junio del 2018 la procuraduría estatal gastó más de 9 millones de dólares en batallas contra el gobierno federal, el 1% de su presupuesto, según cifras de esa agencia.
Becerra describió a Brown como alguien que le brindó “pleno apoyo”, pero dijo que era él quien decidía en última instancia si se radicaba una demanda o no.
Brown dejó su cargo el lunes tras completar un cuarto término y Becerra deberá trabajar ahora con su sucesor, el también demócrata Gary Newson, quien podría ser más belicoso todavía en relación con el gobierno central.
Becerra dijo que aceptó la procuraduría general para proteger la esperada andanada del nuevo gobierno contra muchos temas que defendió a lo largo de 12 términos como representante demócrata.
Su oficina está llena de fotos de Becerra con prominentes dirigentes demócratas, como Joe Biden y Bill y Hillary Clinton.
La batalla por “muchas de las cosas que defendemos ahora en los tribunales empezó en el Congreso”, comentó el procurador.
Su oficina tenía una demanda prácticamente lista cuando el gobierno de Trump debilitó los lineamientos para la cobertura del control de la natalidad bajo la ley de salud de Obama (Ley de Cuidado de Salud Asequible, o Affordable Care Act) en el 2017, según dijo. Radicó la demanda horas después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos emitiese nuevos lineamientos, y logró que se dejase en suspenso la entrada en vigor de las nuevas normas.
Dos meses antes de que Trump dejase sin efecto el DACA, Becerra y otros 19 procuradores generales le dijeron al gobierno en una carta que suspender ese programa perjudicaría a las empresas y reduciría la recaudación impositiva.
La demanda que presentó junto con Maine, Maryland y Minnesota en torno al DACA no fue la primera que buscaba impedir la suspensión de ese programa. Nueva York y otros estados ya lo habían hecho antes, lo mismo que la Universidad de California. Becerra dijo que contempló la posibilidad de unirse a Nueva York, pero que a veces hay que ser prudente.
“A menudo eso implica no apurarse. Implica que hay que hacer las cosas con calma”, explicó.
Becerra lanzó su campaña contra Trump diciendo que defendía los valores de California contra la “guerra” desatada por el gobierno central. Su oficina dijo que el costo de las batallas contra la Casa Blanca es ínfimo comparado con el daño que la políticas de Trump pueden causarle a la economía del estado.
El 8 de noviembre un tribunal federal de apelaciones falló a favor de Becerra y se negó a anular el dictamen del juez de distrito William Alsup de enero del 2018 que impidió que Trump suspendiese el programa DACA con efecto inmediato.
El caso está ahora en manos de la Corte Suprema, donde la reciente llegada de Brett Kavanaugh crea una mayoría conservadora.
Becerra dijo que ello no alterará su política hacia el gobierno. Apasionado del póker en su juventud, hizo una analogía con ese juego y afirmó que con las cartas “uno puede tener una mano mala y ganar, y también puede tener una mano buena y perder”.
“Debes saber cómo jugar tus cartas”, acotó.
