Hace más de 20 años que Bertha Sanles abandonó su Nicaragua natal para emprender un viaje que le cambiaría la vida para siempre. Llegó al sur de la Florida como turista y decidió quedarse, tal y como ella tenía planeado. Quería una vida mejor y en su país, la inseguridad y la incertidumbre económica estaban a la orden del día. Desde entonces vive en Miami sin papeles que acrediten un estatus legal y trabaja como empleada doméstica.
“La vida de una persona sin documentos en el país es vivir con miedo, porque te levantas todas las mañanas encomendándome a Dios porque no sé qué es lo que va a pasar y no es fácil porque se puede presentar cualquier situación que haga que por la noche no regreses a casa”, explica la mujer durante una entrevista con la Voz de América en una de las casas a las que suele ir para hacer la limpieza semanal.
Sanles es una de las afectadas por la ley SB 1718 que ha firmado el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y que entrará en vigor el próximo 1 de julio. La medida obliga, entre otras cosas, a utilizar el sistema E-Verify para certificar el estatus legal de los empleados, castiga con hasta 15 años de prisión a quienes transporten a indocumentados a Florida e invalida las tarjetas de identificación de otros estados que, como Nueva York, otorgan a indocumentados.
“Hay mucho temor ahora mismo y muchas personas me están llamando para decirme que ya están haciendo las maletas para irse del estado, yo no tengo claro si me voy a ir, pero es algo que está encima de la mesa todas las noches”, admite Sanles.
Pese a ese miedo que, según ella, ha sembrado la nueva legislación de Florida, ella participa activamente de las marchas y concentraciones que se han estado llevando a cabo en el estado desde que se supo que esta ley entraría en vigor el próximo 1 de julio.
“Lo que yo le diría al gobernador si lo tuviera aquí delante es que dejara de utilizar a la comunidad migrante como un juego político, porque es lo único que está haciendo. Pero él no se está dando cuenta de que está lastimando a familias, está lastimando a ciudadanos americanos y está dañando a la economía del país”, afirma convencida de que las consecuencias de esta medida “serán nefastas”.
La postura del gobernador
El gobernador de Florida, sin embargo, insiste en que esta medida tiene como objetivo luchar contra el tráfico humano y frenar los flujos migratorios provocados, según él, por las políticas de la Casa Blanca en la frontera sur con México.
“Debemos fortalecer aún más nuestras leyes contra la inmigración ilegal mejorando la verificación de empleo, aumentando las penas por el tráfico de personas y desincentivando aún más la migración ilegal al estado de Florida”, declaró DeSantis recalcando que “Florida no es un estado santuario” y que su gobierno defenderá “el Estado de derecho”.
DeSantis, uno de los principales contendientes en la lucha por las primarias republicanas, que lidera el expresidente Donald Trump, ha hecho de la seguridad fronteriza un foco de su campaña, acusando al gobierno del presidente Joe Biden de políticas de inmigración permisivas.
"Ha sido una enorme dejación de funciones por parte del presidente", dijo DeSantis en una reunión con agentes de la ley en Sierra Vista (Arizona), cerca de la frontera de Estados Unidos con México.
No es la única vez. La administración Biden ha estado bajo las críticas de los republicanos, quienes alegan que la Casa Blanca mantiene una política de “fronteras abiertas”, en referencia a la llegada incesante de migrantes en situación irregular por la frontera sur.
Los argumentos del gobierno de Biden
Funcionarios del gobierno de Joe Biden han criticado las políticas y puntos de vista sobre inmigración provenientes del gobernador DeSantis y otros. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en intercambio con reporteros en enero, dijo que DeSantis “no está tratando de solucionar el problema, realmente está creando un problema”.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas, ha defendido en Miami los logros del programa de parole humanitario para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos, que es objeto de una demanda presentada por una veintena de estados, entre ellos la Florida.
“Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada. Así las personas no tienen que arriesgar sus vidas en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos”, dijo Mayorkas en una conferencia de prensa en enero desde el Pequeño Haití, un barrio de Miami con una alta población de nacionales de ese país.
Los indocumentados, un segmento importante en Florida
Se calcula que la medida podría afectar a más de 770.000 inmigrantes sin documentos legales que viven en Florida, de acuerdo con los datos del Instituto de Políticas Migratorias.
El 24 % de la población trabaja en la construcción, el 17 % en el campo y la administración, el 15 % en el sector de la hostelería y el 9 % en comercio minorista.
Otro informe del Instituto de Políticas de Florida concluye que si el estado se queda sin inmigrantes indocumentados supondría un duro golpe a la economía del estado en tanto que se perderían más de 12.600 millones de dólares, es decir, un 1,1 %.
Reinvidican el papel de los migrantes
Es por eso que las empleadas del hogar también han alzado la voz en contra de esta medida y para reivindicar su papel en la sociedad porque, recuerdan, “hacen el trabajo que otros no quieren hacer”. Este fin de semana, numerosas mujeres, principalmente procedentes de América Latina, salieron a las calles del centro de la ciudad de Miami para reclamar mayor protección legal frente a las medidas que está llevando a cabo el gobierno estatal con la ley SB 1718.
“El miedo lo único que está haciendo es fortalecer a la comunidad y ese es el motivo por el que nos hemos querido unir, porque queremos exigir una carta de derechos porque con la nueva ley, los derechos de los inmigrantes están en riesgo”, decía Claudia Navarro, directora de programas de la organización WeCount!, que agrupa a los empleados agrícolas, de la construcción y del hogar en el sur de Florida.
“¿Qué va a ser de mí después del 1 de julio?”
María Jesús Pantoja es otra nicaragüense que hace casi tres décadas llegó al sur de la Florida en busca de una vida mejor y, desde entonces, ha ido sorteando los obstáculos legales porque no tiene papeles. Ella, al igual que sus compañeras, también se dedica a las tareas domésticas y denuncia que muchas veces son abusadas por el hecho de no tener un estatus legal al que ampararse.
Ella admite estar “muy preocupada” por cómo será su vida a partir del 1 de julio. “¿Qué va a pasar con nosotras? ¿Nos van a asediar como hicieron en la frontera de Texas? Aquí tiene más valor ahora una mascota que un indocumentado”, manifiesta Pantoja, que también se unió a la marcha de las empleadas del hogar que salieron por las calles a protestar por la nueva ley SB 1718 promulgada por el ahora aspirante presidencial por el Partido Republicano, Ron DeSantis.
“Es una estrategia política”
Para el analista político Thomas Kennedy, esta ley es una “estrategia política” de Ron DeSantis para presentarse al electorado republicano como “el candidato más conservador” de los que hay hasta ahora. “En los últimos meses, DeSantis ha firmado leyes ultraconservadoras con la intención de darse a conocer como el aspirante más a la derecha”, comentaba Kennedy recordando algunas de las leyes que ha aprobado, como la reducción del aborto de las 15 a las 6 semanas, la ley conocida como “No digas gay” que prohíbe hablar en las escuelas de identidad sexual y de género o la del libre porte de armas.
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