La situación de las trabajadoras domésticas en España, muchas de las cuales son de origen latinoamericano, ha mejorado en los últimos años, especialmente con la regularización de su oficio, sin embargo, aún dista mucho de ser la que, según muchas empleadas y organizaciones, debería de ser.
De las 585.000 trabajadoras del hogar que habitan en España solo 420.000 están afiliadas a la Seguridad Social, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística, lo que significa que más de un 30 % de este sector no cuenta con contrato formal que estipule sus condiciones de trabajo, no tiene acceso a la Sanidad Pública y no está cotizando en la Seguridad Social para que, en un futuro, puedan gozar de una jubilación.
En España, una empleada doméstica que trabaja 40 horas semanales cobra el Salario Mínimo Interprofesional de 1.166 euros (1.270 dólares estadounidenses)–. El precio medio de los arrendamientos en el país se sitúa en 11,03 euros (12 dólares) por metro cuadrado al mes - 880 euros (960 dólares) por un apartamento de 80 metros cuadrados–, según el portal inmobiliario Fotocasa. A muchas migrantes, que además deben enviar dinero a sus familias en sus países de origen, apenas les alcanza para vivir.
Día de celebración y reivindicación
El pasado 30 de marzo, colectivos de mujeres trabajadoras del hogar en todo el país, muchas de ellas migrantes latinoamericanas, alzaron la voz para exigir que su labor -la cual consideran esencial para que las sociedades avancen- sea dignificada y sus derechos garantizados. “Queremos que se nos reconozcan las enfermedades propias que tenemos las trabajadoras del hogar y las cuidadoras”, dijo a la Voz de América la dominicana Rafaela Pimentel, portavoz de Territorio Doméstico, un colectivo creado en 2006 por mujeres migrantes que defiende los derechos de este sector.
Desde Territorio Doméstico, conformado por 99 mujeres, 97 de ellas migrantes y en su gran mayoría centroamericanas y sudamericanas, organizaron concentraciones en espacios públicos en conmemoración por su día, asegurando que “además de celebración es una fecha de reivindicación”, como dijo a la VOA la antropóloga social mexicana Aracelis Sánchez.
“Es lo que sostiene a todo el mundo, si no hay quien limpie, si no hay quien cuide, nadie más podría trabajar”, comentó Sánchez, quien al llegar a España hace 15 años tuvo que hacer a un lado su profesión para dedicarse al trabajo doméstico.
Las “territorias”, como se autodenominan, piden que las enfermedades adquiridas por ejercer sus labores sean reconocidas como profesionales para tener la posibilidad de gozar de bajas laborales por discapacidad sin temor a ser despedidas.
Entre sus principales desgastes físicos están las afectaciones en la espalda, rodillas y manos, particularmente en los tendones y en el túnel carpiano. En el caso de Bertha Aj Álvarez, de Guatemala, su desgaste fue mental, y tras ser incapacitada por depresión, perdió su trabajo durante la pandemia de coronavirus.
“Fui al médico y me dio de baja, me fui 8 días de baja a mi casa, pero a los 8 días mis jefes me despidieron”, dijo a la VOA.
“Estas herramientas no se mueven solas, las mueven personas”, es su consigna este año. Al ritmo de cantos y bailes propios de la cultura latina, como la cumbia y la salsa, las migrantes que han encontrado en el empleo doméstico y cuidados de personas dependientes un sustento para ellas y sus familias en su país de origen, portan pelucas y gafas durante sus manifestaciones porque de esta forma, las que se encuentran en condición migratoria irregular, se sienten más seguras.
Continúa la lucha
Entre los avances que las trabajadoras domésticas han conseguido, se destaca la ratificación del Convenio 189 de la OIT por parte del gobierno español que, entre otras cuestiones, reconoce el derecho al subsidio por desempleo, y la desaparición de los despidos repentinos. Además, el año pasado reunieron, junto a otros colectivos, unas 500.000firmas para la iniciativa popular legislativa en favor de una regularización extraordinaria para casi medio millón de migrantes, que actualmente está siendo debatida en el congreso de los diputados. A pesar de ello, las activistas admiten que queda mucho por hacer para reivindicar algunos derechos.
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