Un alto diplomático venezolano criticó el viernes lo que calificó de un informe con “una visión selectiva” de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU en donde detalla torturas, abuso sexual y asesinatos extrajudiciales en el país, y exige su “corrección”.
El viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, William Castillo, insistió que el informe de Michelle Bachelet “no refleja la realidad” de Venezuela y que el país necesitaba recomendaciones “constructivas”.
“Exigimos la corrección de su contenido e instamos a una actuación ponderada y respetuosa de su oficina”, dijo Castillo al Consejo de Derechos Humanos respaldado por la ONU.
“Resulta incomprensible el contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada”, dijo Castillo. Es “un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores”.
Después de presentar el informe publicado el jueves al consejo, Bachelet insistió que había escuchado a las víctimas tanto del gobierno como de la oposición, y defendió la metodología. Desde que ocupó el puesto el año pasado, dijo Bachelet, ha enfatizado a los empleados que deben de tener los hechos correctos para mostrar imparcialidad.
La directora dijo que sus equipos trabajaron durante mucho tiempo en el informe, que cubre un periodo de enero de 2018 hasta casi el presente. Insistió en la validez de la investigación, basada en cientos de entrevistas y reuniones con funcionarios públicos, opositores del presidente en disputa Nicolás Maduro, así como víctimas, sus parientes, defensores de derechos humanos y muchos más.
Resumió los hallazgos de su equipo como un “patrón de tortura” bajo el gobierno de Maduro, haciendo referencia a violaciones como detenciones arbitrarias, homicidios extrajudiciales, violencia sexual y desapariciones forzadas.
Los testigos contaron “en cada caso” cómo las fuerzas especiales conocidas como FAES “manipularon la escena del crimen y las pruebas”, dice el informe. “Habrían plantado armas y drogas, y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría ‘resistido a la autoridad’”.
“En muchos casos, las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen”, señala.
Las autoridades del gobierno de Maduro contabilizaron 5.287 muertes durante operativos de seguridad que fueron clasificados como “resistencia a la autoridad”, además de otras 1.569 este año hasta el 19 de mayo, indica el reporte.
