Un reciente estudio indica que uno de cada cien salvadoreños es parte de alguna mara, una lacra que durante años ha convertido al país en uno de los más violentos del mundo. Para acabar con esta situación, el Congreso declaró a comienzos del año el estado de excepción; desde entonces se ha erradicado la violencia, pero a cambio de hacinar las cárceles con decenas de miles de ciudadanos, muchos de ellos inocentes. La medida, como era de esperar, sigue avivando el debate: ¿merece la pena?
El 1% de la población salvadoreña pertenece a las pandillas que protagonizan la violencia en el país. Unos 70.000 miembros de la MS13 y de las facciones Barrio 18 Sureños y Revolucionarios, presentes en el 90% de las localidades del país que tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo en 2015.
Tras el asesinato de 62 personas el pasado 26 de marzo, día más violento desde el fin de la guerra civil en 1992, el presidente Nayib Bukele impulsó el estado de excepción para endurecer las medidas policiales, judiciales y carcelarias contra estos grupos.
Las autoridades salvadoreñas reportaban el 20 de septiembre haber encarcelado a más de 53.000 pandilleros y colaboradores. Esa política, que ha ampliado el periodo de detención sin cargos o reducido la edad de imputación a doce años, ha tenido respaldo popular. Sin embargo, también “está creando una crisis humanitaria en las cárceles [...], mientras alimenta dinámicas que pueden resultar devolviendo a los expandilleros a sus grupos anteriores”.
Así lo recoge el nuevo informe 'Un remedio para la fiebre carcelaria en El Salvador', del International risis Group, una organización sin ánimo de lucro presente en los cinco continentes que busca “prevenir y solucionar conflictos graves”. La organización presentó el documento esta semana, en un panel virtual con Tiziano Breda, analista para Centroamérica, la consultora Susan Cruz y el periodista Roberto Valencia, moderados por Renata Segura, subdirectora del grupo para América Latina y el Caribe.
La tradición de la “mano dura”
La guerra contra las pandillas en El Salvador no ha sido exclusiva de Bukele. En 2003, el presidente Francisco Flores, del partido de derecha ARENA, implementó la primera política pública de “mano dura”. “Las pandillas se convirtieron en un actor político” desde entonces, apuntó Valencia. Después vino la “mano súper dura” de Antonio Saca, también de ARENA.
Con el FMLN, partido surgido de la antigua guerrilla, El Salvador pasó de la tregua entre 2012 y 2014 con Mauricio Funes, que incluyó negociaciones entre las pandillas y entre estas y el Gobierno, a las medidas extraordinarias de Salvador Sánchez Cerén. Sobre estas pesan sospechas de ejecuciones extrajudiciales en enfrentamientos entre la policía y las pandillas.
“Con todas las sombras”, en palabras de Valencia, la solución de Bukele sí ha resultado “de largo” en el periodo con menos homicidios en El Salvador desde el final de la guerra civil. Más de 200 días sin asesinatos, un dato que, no obstante, excluye las muertes de pandilleros a manos de agentes del Estado.
Sin embargo, el reportero no es optimista a corto plazo: “Las pandillas ya han sabido adaptarse y responder a todas las políticas de mano dura que se presentaban como la solución final”, y “ahora han decidido esperar a que se calmen las aguas”, aseguró.
Las pandillas ya han sabido adaptarse y responder a todas las políticas de mano dura”Roberto Valencia, periodista
El problema más directo que el informe del Crisis Group señala sobre el estado de excepción es el hacinamiento. Para Susan Cruz es matemática simple: con unos 80.000 presos, El Salvador ahora lidera la tasa global de encarcelamiento per cápita, siendo un país donde los menores de 30 años priman en la pirámide poblacional y en las pandillas. “Incluso con una nueva prisión para 40.000 personas, muchos van a volver a la calle ¿para hacer qué?”. Cruz puso el foco en el “efecto bumerán” que señala el informe: “La calma relativa es solo la calma previa a la tormenta”, señaló para asegurar que la violencia puede regresar a las calles.
También sostuvo que la política de seguridad de Bukele tiene efectos colaterales, desde la deportación de salvadoreños desde Estados Unidos por la percepción de que la situación en el país mejoró, hasta las implicaciones para la sociedad. “La guerra contra las pandillas no es solo la guerra contra las pandillas, sino contra las comunidades”, apuntó.
Reinserción y justicia
Si bien la percepción de seguridad ha mejorado, como destaca el informe, para Tiziano Breda la solución a largo plazo pasa por la reinserción (grupal o individual) y por cómo las comunidades pueden acoger o rechazar este tipo de camino. Propone una “indulgencia condicional” para quienes no tengan crímenes serios o para quienes hayan cumplido sus condenas. Los “esclavos del pasado”, como retomó de los testimonios que recoge el informe.
El documento, basado en “más de 70 entrevistas [...] con expertos, líderes religiosos, expandilleros, personal de diversas ONG, exasesores gubernamentales, líderes comunitarios, habitantes locales, trabajadores humanitarios, diplomáticos y académicos”, apunta a que la solución a la violencia de las pandillas puede empezar por las propias cárceles. Ya ha habido casos de conversión religiosa, por ejemplo, pero no una política estatal hacia los pandilleros.
De hecho, como señaló Breda, el Gobierno de Bukele había introducido el Proyecto Pionero para impulsar medidas de rehabilitación y reinserción, pero el estado de excepción revirtió esos esfuerzos. El Crisis Group propone un diálogo con otros actores y transparente que lleve a la rendición de las pandillas, y un enfoque en la justicia restaurativa para las víctimas. Y más allá de las pandillas, Breda apuntó al aumento de las muertes violentas perpetradas por agentes estatales y al arraigo social de la propia violencia en El Salvador.
El apoyo internacional será clave
La política de seguridad impulsada por Bukele es una más entre las que le han dado protagonismo internacional, como la adopción del bitcoin o su forma de gobernar vía Twitter.
Pese a que aprobar el estado de excepción implicó concentrar el poder reemplazando a los jueces de la Corte de Constitucionalidad y ganando la amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, las democracias occidentales y los organismos multilaterales han sido cautelosos a la hora de expresarse a favor o en contra de lo que está ocurriendo, en concepto de Breda.
Bukele, a su vez, ha asentado un discurso de estar a favor del estado de excepción o de los pandilleros, respaldado por la popularidad de las medidas entre la población y en el alineamiento de las instituciones cuya información termina en organizaciones internacionales.
Breda, por tanto, sostiene que el presidente “estaría feliz de retomar los lazos con Estados Unidos y Europa” para conseguir recursos, más aún ante los problemas de financiación que afronta un país que ha quedado aislado en la región. Aunque es “una posibilidad remota”, como asegura el informe, “es posible un giro de timón”, apuntó Roberto Valencia. “Bukele ya lo ha hecho y ya están las bases sólidas”.
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