Un nuevo intento de acelerar las revisiones iniciales de las solicitudes de asilo a un plazo máximo de tres días niega a los inmigrantes el derecho a consultar abogados, de acuerdo con la acción legal más reciente contra las políticas migratorias del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
La demanda federal entablada en Washington D.C. impugna los procedimientos de vía rápida implementados en El Paso, Texas, a principios de octubre, los cuales de acuerdo con autoridades estadounidenses podrían expandirse a otros sitios de la frontera sur tras un periodo de prueba.
Los solicitantes de asilo son detenidos en una instalación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) por un periodo de hasta una hora para llamar a familiares y abogados, y no tienen una garantía de confidencialidad, de acuerdo con la querella interpuesta. No se proporcionan números para recibir llamadas.
Las instalaciones de la CBP son “agujeros negros legales”, según la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles a nombre de la organización Las Americas Immigrant Advocacy Center y de varios solicitantes de asilo que fueron deportados a El Salvador o México luego de no pasar una evaluación inicial, conocida como entrevista de miedo creíble.
Las revisiones aceleradas “socavan sistemáticamente las garantías procesales de los solicitantes de asilo al hacerlos pasar por el proceso de miedo creíble sin acceso a asesoría”, alega la demanda. “El Congreso proporcionó protecciones a la gente en los procedimientos de miedo creíble para evitar que el gobierno de Estados Unidos enviara por error a los solicitantes de asilo de regreso a sitios donde enfrentan persecución, tortura y posiblemente, la muerte”.
El gobierno ha procesado a cientos de solicitantes de asilo en El Paso bajo dos programas piloto, uno para mexicanos y otro para no mexicanos, de acuerdo con la demanda. El programa para las personas que no son de México, llamado “Revisión Acelerada de Caso de Asilo” (o Prompt Asylum Case Review), había procesado a 392 personas hasta el 26 de noviembre, mientras que el que es para mexicanos, de nombre Humanitarian Asylum Review Process, había atendido a 137 para el día 27 del mismo mes.
