Estados Unidos comenzará a procesar el 19 de febrero los casos de los aproximadamente 25,000 solicitantes de asilo que fueron obligados a esperar en México bajo un programa del gobierno del expresidente Donald Trump.
En un comunicado, la Casa Blanca que está trabajando con el gobierno de México y onegés para comenzar a procesar las solicitudes y que se creará un proceso de registro virtual para llevar a cabo la tarea.
“Las personas no deben tomar ninguna medida en este momento y deben permanecer donde están para esperar instrucciones adicionales”, dijo el gobierno el martes.
En julio de 2019 la Administración Trump, bajo el Protocolo de Protección Migratoria (PPM), estableció que migrantes en espera del procesamiento de su solicitud de asilo deberían permanecer en México. El nuevo gobierno del presidente Joe Biden anunció la semana pasada que hasta 300 de estos casos serán procesados a diario.
La Casa Blanca resaltó en el comunicado que este nuevo proceso de asilo no aplica para las personas que no están inscritas en el MPP o que no “tienen casos judiciales de inmigración activos”.
“Si una persona busca ingresar a EE. UU., y no se encuentra entre los beneficiados con caso activo bajo el PPM, será expulsado de inmediato y no se le permitirá permanecer en Estados Unidos”, estipuló el gobierno estadounidense.
Aproximadamente 25.000 personas tienen casos activos actualmente, pero se presume que la cantidad de los que siguen a la espera en México es mucho más baja. Al procesar a los solicitantes de asilo que llevan más de un año esperando en México, muchos de ellos en campos de refugiados improvisados, Biden da marcha atrás a una política criticada por organizaciones de derechos humanos y la ONU.
El gobierno demócrata, sin embargo, no ha revertido una política de la era Trump -conocida como Título 42- que permite a las autoridades migratorias expulsar a la gente que llegue a la frontera en cuestión de horas.
Desde el primero de octubre, las agencias federales han deportado al menos a 183.000 personas usando una medida de emergencia, que las autoridades federales argumentaron está en pie para prevenir la propagación del COVID-19. Legisladores demócratas han pedido a Biden que acabe con esta norma y la asociación de derechos civiles ACLU ya interpuso una demanda ante el gobierno actual al respecto.