El gobierno de Estados Unidos presentó el martes la denominada primera Estrategia Nacional para Contrarrestar el Terrorismo Doméstico, un esfuerzo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), enfocado en hacer frente a la violencia.
“El Departamento continúa sus esfuerzos para brindar información oportuna y útil a las fuerzas del orden público estatales, locales, tribales y territoriales, así como a los socios internacionales y del sector privado”, indica una declaración emitida por el DHS, atribuída a su director Alejandro Mayorkas.
El anuncio alude al “compromiso” del presidente Joe Biden de poner a raya cualquier intento de desestabilizar a Estados Unidos desde dentro.
La nueva administración, y específicamente el DHS, ha visto un hilo conductor entre los actos recientes de violencia motivados por quejas contra el gobierno, sea por las restricciones del COVID-19, los resultados de la elección de 2020 o el uso de la fuerza por parte de la policía.
El 6 de enero de este año, cuando el Senado se alistaba para certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, una turba penetró de modo violento en el Capitolio, lo que resultó en 5 personas fallecidas, entre ellas una mujer y un policía.
Entre las prácticas, el Departamento de Seguridad Nacional expuso que mantiene el empeño por mejorar su análisis de información, al tiempo que “protege la privacidad, los derechos civiles y las libertades civiles”. Otros detalles no fueron inmediatamente revelados.
Con el fin de establecer puentes con entidades locales interesadas, explicó que se están apoyando en el Centro de Programas y Asociaciones de Prevención (CP3) para identificar amenazas potenciales y prevenir el terrorismo.
Desde su fundación en 2002 bajo el gobierno republicano de George W. Bush, es la primera vez que DHS designa al extremismo doméstico violento como un "Área de Prioridad Nacional". La designación facilita que se otorguen fondos a combatir tales amenazas. De hecho, está previsto la entrega de más de 77 millones de dólares “para prevenir, proteger y responder” a este flagelo.