La nueva composición del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es preocupante, inconstitucional y sirve potencialmente a “parcelas” del partido del gobierno de Nicolás Maduro, advierte el abogado y profesor especialista en derecho constitucional, Nelson Chitty La Roche.
“El zorro pierde el cuero, pero no el vicio”, dice, citando un viejo adagio local para denunciar parcialidades políticas en la designación por parte del chavismo de 20 nuevos magistrados titulares del poder judicial, esta misma semana.
Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela eligieron el martes a los máximos juristas de ese nuevo TSJ, pero expertos se apresuraron en alertar que 12 de los 20 titulares ya cumplían con ese mismo rol en la institución.
El artículo 264 de la Constitución venezolana contempla que los magistrados o del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas “por un único período de doce años”. Esa una de las principales críticas de expertos como Chitty La Roche a la lista votada en la sesión parlamentaria del martes.
Su primera observación es que la Asamblea Nacional electa en 2020 es “de origen dudoso” por su convocatoria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, criticada por la oposición por ser ilegítima, y por contar con la participación de partidos despojados judicialmente de sus liderazgos.
La selección de magistrados “tiene numerosos aspectos de dudosa constitucionalidad”, según La Roche. Se refiere, asimismo, a las exigencias de la Carta Magna de que los candidatos al poder judicial deben tener “reconocida honorabilidad y competencia”, “gozar de buena reputación”, o haber sido profesor universitario titular en ciencia jurídica durante al menos 15 años.
A su entender, los dirigentes del PSUV vivieron el último mes entre “imputaciones y forcejeos” para designar en el TSJ a gente de su confianza.
“Tengo muchas dudas. Simplemente, es de nuevo ponerle la mano a la justicia de manera de asegurar el sesgo necesario para que se exhiba y se muestre siempre favorable para los líderes del PSUV”, afirma a la Voz de América.
Roles de 24 años
Entre los magistrados titulares, destacan Gladys Gutiérrez, quien fue por un año rectora del poder electoral ad hoc de Venezuela; Tania D’Amelio, también exdirectiva del Consejo Nacional Electoral; Calixto Ortega, exrepresentante del gobierno de Maduro como encargado de negocios en Estados Unidos.
Gutiérrez, que formó parte del consejo de ministros y representó diplomáticamente al gobierno del expresidente Hugo Chávez, asumió este miércoles la presidencia del TSJ. Ese rol lo ejerció entre 2013 y 2017.
Alí Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, habla de “fraude constitucional” al referirse a lo ocurrido en el poder judicial. Subraya, como Chitty La Roche, que la reforma a la ley del TSJ incluyó una disposición transitoria que viola la prohibición de ejercer por más de 12 años.
“Vamos a tener magistrados que pueden ejercer el cargo por hasta 24 años, lo que pone de manifiesto el incumplimiento grave del texto constitucional”, comenta a la VOA, antes de acotar sobre los perfiles políticos de los elegidos.
Para Daniels, “las supuestas caras nuevas del TSJ no son tales”, sino que se trata de candidatos “reciclados de otros órganos del poder público”. Pone como ejemplo la inclusión como magistrados de dos generales venezolanos, que ocuparon la fiscalía general militar y la presidencia de la Corte Marcial.
Una exalcaldesa y exdiputados chavistas, así como funcionarios que formaron parte de ministerios de los gobiernos de Chávez y Maduro, también están entre los votados para integrar el máximo órgano del poder judicial.
“Hay (entre los magistrados titulares y suplentes) personas que estuvieron en altos cargos de confianza del poder ejecutivo e incluso algunos nombrados directamente por este, como el caso de la justicia militar. No podemos esperar nada diferente” en cuanto a la administración parcializada de justicia, opina.
La elección de nuevos magistrados se deriva de una “revolución judicial” ordenada por el presidente Maduro el año pasado. Ese programa ha incluido reformas y aprobaciones de leyes criticadas por la oposición venezolana.
El oficialismo promovió desde inicios de año la reducción del número de magistrados, de 32 a 20, modificando la ley del Tribunal Supremo.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hombre de confianza de Maduro, enfatizó el martes en que cumplieron “cabalmente” con la Constitución.
La oposición minoritaria, disidente y crítica de la mayoritaria plataforma unitaria, se declaró “satisfecha” por la escogencia.
“Mucho daños al país”
Chitty La Roche, por su parte, cuestiona que el chavismo haya cumplido su objetivo de dominar de nuevo el TSJ en momentos en que la Corte Penal Internacional anuncia la reactivación de su investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad por parte del Estado venezolano en los últimos años.
“Eso hace mucho daño al país, ni siquiera se cuidaron de que la CPI está investigando a Venezuela con la fuerza de la evidencia de hechos punibles, volvieron a colocar magistrados que repiten y sirven a parcelas del PSUV”, insiste. “Es un tribunal chavista, como el que teníamos”, asegura.
Daniels, un abogado que imparte clases de derecho internacional humanitario y derechos humanos, valora que la designación de máximos juristas es “una oportunidad de oro perdida” para renovar el sistema judicial venezolano.
“Esta designación no es que sea igual que las anteriores, es peor. Las expectativas de un poder judicial imparcial son inexistentes”, recalca.
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