El Gobierno de El Salvador se encuentra nuevamente en el centro de una controversia, luego que el Congreso, controlado por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobara una reforma al Código Procesal Penal que crea la figura del “agente encubierto digital”.
La luz verde de los congresistas ha suscitado rechazo y una lluvia de críticas por parte de periodistas, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, así como opositores que ven en la medida una forma de “legalizar el espionaje digital y un atentado a la libertad de expresión”.
De acuerdo con valoraciones de profesionales entrevistados por la Voz de América, el temor surge debido a que las reformas carecen de enormes vacíos y en lugar de fortalecer a Ley Especial contra los Delitos Informáticos que ya existe, la socavan y exhiben un retroceso en materia de derechos humanos.
“Este tipo de normativa debe ser lo suficientemente clara y dar la información necesaria sobre aquellas condiciones y circunstancias en la que las autoridades están facultadas para recurrir a una medida tan invasiva como la vigilancia de las comunicaciones”, explicó a la VOA Astrid Valencia, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional que conoce las reformas.
La normativa que introduce términos tales como “evidencia digital” y - dentro de las que se considerará documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, videos, etc. cualquier clase de información que se reciba o transmita a través de cualquier dispositivo electrónico– permitirá “operaciones encubiertas digitales necesarias” para las investigaciones, según Francisco Villatoro, uno de los promotores de las reformas.
El presidente Bukele no ha comentado acerca de las reformas ni las reacciones a éstas hasta el momento.
Sin embargo, Villatoro las defiende y niega que “vaya a existir un espionaje o una persecución”. Aclaró además que las pesquisas deberán contar con la autorización del fiscal general. Sin embargo, ni él ni la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa, que emitió el dictamen favorable, han indicado con precisión cómo beneficiará o afectará a los ciudadanos.
De ahí que la representante de Amnistía Internacional califique de “vagas” las reformas, argumentando que al mismo tiempo el gobierno señala que se aplicarán otras leyes penales especiales.
“Claramente no trae certeza jurídica sobre su aplicación y puede prestarse a un uso arbitrario o abusivo”, sostiene Valencia, de Amnistía Internacional.
“La ley debe establecer los fines exactos para los que se permitirá la vigilancia de la información, también es importante que este tipo de normativas establezcan garantías efectivas para evitar el abuso por ejemplo señalar claramente su duración cosa que no hace ninguna sección de los artículos reformados”, agregó Valencia.
Mencionó además que cuando se estudian las reformas se puede ver claramente que no existen mecanismos de monitoreo independiente que velen porque no haya abusos, así como revisiones judiciales de la legalidad de medidas, “incluso límites en la transferencia del material de comunicación”, almacenamiento y destrucción de este.
Lo que más preocupa a la investigadora es que la vigilancia de las comunicaciones “implica claramente una interferencia de varios derechos humanos, incluyendo la privacidad y la libertad de expresión”, citó
Temor a implicaciones
Los diputados del partido Nuevas Ideas y sus aliados justificaron la aprobación aduciendo una gran cantidad de denuncias relacionadas al abuso de las tecnologías de la información y la comunicación.
El Gobierno de El Salvador fue señalado recientemente por un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos como el responsable de intervenir sus teléfonos celulares en repetidas ocasiones con el sofisticado spyware Pegasus. La administración Bukele ha negado las acusaciones.
En en este contexto, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Human Rights Watch (HRW) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han manifestado su preocupación por el tema.
El presidente de APES, César Castro Fagoaga, habló del temor del gremio de periodistas por posibles “abusos y arbitrariedades” que la Fiscalía y la Policía “pueden cometer” amparándose en las reformas.
Mientras que (HRW) ha citado que le preocupa las “las facultades amplias que se otorgan a la Fiscalía, incluyendo emplear “agentes encubiertos digitales”.
“Con el antecedente reciente de ciberespionaje contra más de 30 periodistas y medios salvadoreños, preocupan que estas medidas puedan ser utilizadas por el Gobierno de forma arbitraria con el ánimo de vigilar y amordazar el trabajo de la prensa", sentenció por su parte el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, en un comunicado de prensa.
Opinión similar expresó Angélica Rivas, abogada de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, institución que forma parte de la mesa salvadoreña por el derecho de defender derechos.
Rivas dijo a la Voz de América que las reformas son “sumamente lesivas” y como representante del Colectivo exigió su “derogación” porque “atenta contra derechos fundamentales de los salvadoreños” como la libertad de expresión, de prensa el derecho a la información y el mismo “derecho a defender derechos”.
Para la activista, la reforma y en el contexto que se ha dado “busca legitimar” una persecución política y de todos aquellos que disientan con la actual Administración.
“Creo que es importante buscar reformas al Código Procesal Penal en materia de investigación de los delitos […] pero tiene que respetar los parámetros de legalidad y del debido proceso y si vemos la reforma vemos que el agente investigador tiene libre arbitrio para determinar la prueba y eso ya es una violación al debido proceso”, citó.
De acuerdo con la abogada, la figura del agente encubierto digital, tal y como esta planteada “esta supeditado únicamente a la Fiscalía, no a un proceso judicial como tal”.
Además, la institución que representa cree que en una reforma de esta magnitud los periodistas deben esta exentos, siguiendo la lógica que los salvadoreños tienen derecho a tener acceso a una información veraz y de calidad. Lo mismo aplica a los defensores de los derechos humamos.
“Cuando no consideramos estos elementos tan básicos en una reforma, quiere decir que no tiene el carácter de persecución del delito, sino más bien de un espionaje telefónico a personas que son incomodas […] por eso es por lo que genera tanta alarma”, aseguró Rivas.
La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local han pedido a los Congresistas salvadoreños que para esta reforma se debe hacer un estudio jurídico en materia penal.
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