Con sombras de ojos color gris pardo y su juramentación, la transformación de Sandra Ramírez de guerrillera a senadora estaba completa.
Ocho excombatientes de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron juramentados el viernes en sus puestos en otro paso crucial para implementar los acuerdos de paz del país, colocándose en sus escaños en el Congreso junto a algunos legisladores que durante años fueron sus archienemigos.
"Esta nueva responsabilidad que se nos viene en nuestros hombros es la expectativa de qué podemos hacer allá (en la cámara)", dijo Ramírez, viuda de un legendario líder guerrillero. "Es un cambio de la vida en el monte, de las botas en el barro".
Los políticos nóveles representan una pequeña facción en un Congreso que tiene la tarea de impulsar aspectos cruciales de los acuerdos de paz. Como parte de ellos, a los rebeldes les fueron garantizados 10 escaños en la legislatura, algo que ha hecho enfurecer a muchos colombianos.
En su discurso ante la nueva legislatura, el presidente saliente Juan Manuel Santos reconoció los titubeos de los colombianos para aceptar a los exguerrilleros como legisladores, pero dijo que incluirlos en la política es una poderosa demostración de democracia.
"Me llena de satisfacción que aquellos que por más de medio siglo combatieron con las armas al Estado y a sus instituciones, hoy se sometan a la Constitución", afirmó el mandatario.
La ceremonia de juramentación se llevó a cabo apenas semanas antes de que el conservador Iván Duque asuma la presidencia del país, en medio de indicios de fragilidad de los acuerdos de paz.
Durante toda su campaña, Duque se comprometió a modificar aspectos importantes del acuerdo, aunque después de los comicios ha suavizado algunas de sus posiciones.
Dos de los exlíderes de las FARC no ocuparon sus escaños en el Congreso el viernes. Seuxis Hernández permanece encarcelado en Colombia por cargos de drogas que le aplicó Estados Unidos, mientras que Iván Márquez está refugiado en un campamento rural para exguerrilleros, y les ha dicho a sus camaradas que teme por su seguridad.
Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos -un organismo de investigación y promoción de los derechos humanos- señaló que la ausencia de Márquez, el principal negociador de los rebeldes durante las conversaciones de paz, es preocupante.
"Envía una señal de escepticismo que podría influenciar muchas decisiones de líderes de nivel medio sobre si se dan por vencidos (al abandonar los acuerdos) y se unen a un grupo disidente", advirtió.
El conflicto en Colombia entre rebeldes izquierdistas, paramilitares y el Estado dejó al menos 250.000 muertos, 60.000 desaparecidos y millones de desplazados en una guerra que aún atormenta a muchos. Incluso cuando la cifra de homicidios ha disminuido a su menor nivel en cuatro décadas, en muchas partes del país, los narcotraficantes y grupos armados ilegales más pequeños aún generan caos. Desde que se firmaron los acuerdos de paz, más de 300 líderes sociales y docenas de exrebeldes han sido asesinados.
