El gobierno del ultraderechista Javier Milei anunció el martes que impulsará una reforma migratoria para terminar con la gratuidad de la educación y la salud pública para extranjeros en Argentina, una medida con la que busca profundizar el ahorro fiscal.
Al mismo tiempo, el país sudamericano endurecerá los requisitos para el ingreso y expulsión de extranjeros que delincan.
“El objetivo de las medidas es avanzar, por supuesto, como en todas las medidas que tomamos, hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”, dijo el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, encargado de hacer el anuncio.
Por un lado, el gobierno pretende que las universidades nacionales cobren matrículas a los estudiantes extranjeros no residentes. Adorni no detalló cómo se implementará esta medida, dado que las universidades nacionales son entes autárquicos.
“Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y para solamente poner un ejemplo: hoy uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, indicó el portavoz.
Este anuncio se da en el marco de la pulseada que mantiene el presidente con las universidades públicas por recortes de presupuesto y que ha motivado multitudinarias movilizaciones de estudiantes y docentes en contra del ajuste.
La otra reforma apunta a restringir el acceso de los extranjeros a la salud gratuita en Argentina, una de las más calificadas de la región.
“Nos despedimos de los famosos tours sanitarios”, indicó Adorni, en referencia al negocio de los viajes grupales de extranjeros al país sudamericano para recibir asistencia médica gratuita.
“Un extranjero que viene, en estos tours médicos, a quitarle recursos al argentino, con todas las necesidades que tienen los argentinos, que por ahí no tienen acceso a una prepaga (servicio médico privado) y que necesitan atenderse en un hospital público, la verdad es que es bastante poco justo”, acotó el funcionario.
Esta medida por ahora solo regirá para el servicio de salud dependiente de Estado Nacional. En el caso de hospitales provinciales y municipales, su aplicación dependerá de cada distrito.
Adorni resaltó el ejemplo de la provincia de Salta —en el norte de Argentina y limítrofe con Bolivia— que a principios de año decidió cobrarle el servicio de salud a los extranjeros, en su mayoría bolivianos.
“Salta ahorró más de 60 millones de pesos (58.000 dólares). Bajó 95 % la atención a extranjeros”, detalló.
En materia de seguridad, el gobierno impulsará en el Congreso una reforma penal para incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o como justificativo para expulsar a un inmigrante del país.
“El país ha recibido gente honrada y dispuesta a hacer grande a una nación, con la cultura del trabajo y con todo lo que todos ya sabemos. Luego la doctrina ´garantista' (más permisiva), en términos migratorios, ha hecho desastres y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas, del otro lado de la frontera”, concluyó Adorni.
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