El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó el jueves que los seis activistas condenados a 16 años de prisión por presuntos delitos de “conspiración” y “asociación para delinquir” sean líderes sindicales.
Saab aseguró que los seis dirigentes actuaron “al margen de la ley, conspirando contra el gobierno venezolano”, y lamentó que quienes los defienden los tilden de “líderes sindicales”.
“Algunos medios de comunicación trasnacional comenzaron con esta campaña de ataque a Venezuela, refiriendo que estas personas que aquí hemos explicado ni son trabajadores ni están inscritos en el seguro social como empleados, ni pertenecen a sindicato alguno, ni laboraron jamás como lucha sindical, ni presentaron esas evidencias supuestamente de ser líderes sindicales en el propio juicio”, dijo Saab el jueves en conferencia de prensa.
Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, fueron detenidos en julio del año pasado tras liderar diversas protestas para exigir reivindicaciones laborales y salariales.
De acuerdo a su defensa, fueron acusados con capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp en los que exponían opiniones personales como únicas pruebas.
Al respecto, Saab dijo el jueves que entre las pruebas técnicas del Ministerio Público figuran “extracciones telefónicas” en donde se “mencionaban para realizar actividades conspirativas”. Según el fiscal tenían “un contacto con un militar desertor prófugo en Colombia”.
Saab aseguró que los seis dirigentes supuestamente tenían previsto realizar acciones contra el gobierno, entre ellas asaltar una instalación militar para apropiarse del parque de armas.
Aunque no ofreció detalles, el fiscal divulgó una fotografía de una reunión entre representantes del Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la ONU (ACNUCH) y un equipo de fiscales del Ministerio Público en la que abordaron el caso y les presentaron “evidencia”. Según dijo, los funcionarios de la ACNUCH quedaron “satisfechos” con la explicación.
“Se aclaraba en términos contundentes que estas personas nunca fueron procesadas ni estaban siendo investigadas por ser supuestamente líderes sindicales que estaban protestando, luchando por mejoras salariales, sino que estaban siendo juzgados por realizar actos conspirativos contra el Estado”, continuó Saab.
En su más reciente informe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo haber documentado casos de “criminalización” contra dirigentes sindicales y laborales y mencionó la detención de los seis detenidos.
En su más reciente actualización oral, presentada en marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) destacó que “tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno” y se refirió directamente al caso de los dirigentes sindicales condenados a 16 años.
Diversas organizaciones defensoras de DDHH han calificado la condena como el “recrudecimiento” de la persecución política en el país.
Saab aseguró que la mayoría de quienes integran las listas de presos políticos en Venezuela, que según el Foro Penal suman 286 personas, son personas vinculadas a “acciones terroristas”.
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