El presidente estadounidense Joe Biden anunció el jueves que cientos de miles de migrantes que fueron llevados a Estados Unidos sin autorización legal cuando eran menores, más conocidos como dreamers o “soñadores”, ahora podrán contar con las prestaciones de Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
Esta medida permitirá que los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), aprobada por el entonces presidente Barack Obama en 2012, tengan acceso a los seguros médicos financiados por el gobierno.
“Son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel”, dijo Biden en un video publicado en su página de Twitter. “Necesitamos darles a los ′dreamers′ las oportunidades y el apoyo que merecen”.
Es probable que la iniciativa genere un rechazo considerable de parte de los mandatarios conservadores de los estados que se han mostrado reacios a ampliar Medicaid y que critican la respuesta del gobierno de Biden al ingreso irregular de inmigrantes a Estados Unidos. Si bien el gobierno federal brinda fondos y pautas para Medicaid, el programa es administrado por los estados.
El limbo de los soñadores
El programa DACA estaba pensado para proteger de la deportación a los migrantes sin permiso de residencia a los que sus padres llevaron cuando eran niños y permitirles trabajar de forma legal en el país.
Sin embargo, no podían acceder a los programas de seguro médico subvencionados por el gobierno porque no cumplían el requisito de tener una “presencia legal” en Estados Unidos. Eso es lo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Biden intentará cambiar a final de mes.
La acción de la Casa Blanca se produce en un momento en que el DACA enfrenta desafíos legales y el número de beneficiarios se reduce.
Se estima que 580.000 personas seguían enroladas en el programa a finales del año pasado, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, una cifra inferior a la de años anteriores.
Las órdenes judiciales impiden que el Departamento de Seguridad Nacional procese actualmente nuevas solicitudes. El programa lleva años inmerso en desafíos legales, mientras que el Congreso no ha podido alcanzar un consenso para aprobar reformas migratorias más amplias.
Los beneficiarios de DACA pueden trabajar de forma legal y pagar impuestos, pero no tienen estatus legal y se les niegan muchos de los beneficios a los que pueden acceder los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que viven en el país.
En los últimos años, durante la pandemia del coronavirus, millones de personas se apuntaron a Medicaid, el programa que ofrece cobertura sanitaria a los estadounidenses más pobres. El gobierno incrementó los subsidios federales para reducir el costo de los planes de salud comerciales según la ley de atención médica pública. El año pasado, solo el 8 % de los estadounidenses no tenía seguro médico, según el Departamento de Salud y Recursos Humanos.
Pero ni los beneficiarios del DACA ni quienes están en el país sin la documentación pertinente pueden unirse a estos programas financiados con fondos federales. Casi la mitad de los alrededor de 20 millones de inmigrantes en esta situación no tienen seguro médico, según una investigación de la Kaiser Family Foundation.
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