La nueva ley SB-168 de Florida se ha encontrado con la oposición de varios grupos activistas pro-inmigrantes. La legislación prohíbe explícitamente las “ciudades santuario” en este estado y obliga a las entidades gubernamentales estatales y locales a “hacer todo lo posible para apoyar la ley federal de inmigración”.
Varias organizaciones de Florida, con el objetivo de proteger y defender los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, se han mostrado contrarias a esta nueva legislación y ya en julio presentaron una demanda en una corte de Florida para pedir que se anulara esta nueva norma.
La demanda se interpuso contra el gobernador Ron DeSantis y la procuradora general estatal, Ashley Moody.
Alara Greer, abogada de la plataforma Community Justice Project, considera que es “una ley anti-inmigrante, xenófoba y también inconstitucional”, por lo que confía en que la justicia les acabe dando la razón.
Por su parte, Lizandra de la Cruz, la portavoz de WeCount, una organización situada en Homestead (Florida) que ayuda a la comunidad campesina de esa zona, afirmó que este tipo de regulaciones podría dar “poder a cualquier policía a actuar como un agente del ICE” (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos).
De la Cruz añadió que, en su opinión, esta normativa estatal, ya vigente en todo Florida, permitiría “continuar con las redadas que se han anunciado por la organización de Trump”.
El director ejecutivo de WeCount, Jonathan Fried, considera que la ley tiene “algunas cláusulas que no son muy claras: exige que la policía utilice sus mejores esfuerzos para apoyar la Ley Federal de Inmigración”.
“No define qué es eso, obliga a todos los condados a tener un acuerdo con ICE. Hay muchas cosas que no están bien definidas, pero el sentido de la ley es que se debe cooperar con las autoridades de inmigración y eso va a causar más desconfianza entre la comunidad”, dijo.
Sobre eso, Fried comentó que “esta ley es una luz verde a todos los policías racistas que quieren utilizar su autoridad para deportar a las personas”.
“Vamos a ver más casos, como hemos visto en otros estados donde se han implementado este tipo de propuestas anti-inmigrantes, y vamos a ver policías que van a utilizar el perfil racial para atacar y perseguir ciertos miembros de nuestra comunidad”, dijo al respecto Thomas Kennedy, director político de la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC por sus siglas en inglés), que también es otra de las organizaciones que apoyaron la demanda.
La jueza federal Beth Bloom ya dio su fallo y bloqueó temporalmente una cláusula de esa legislación. En concreto la que tiene que solicita a los policías locales a cruzar fronteras estatales para cooperar con los agentes de inmigración, ya que la magistrada consideró que eso es competencia exclusiva del gobierno federal.
Bloom no modificó nada de la parte que obligaba a los agentes de policía a mantener detenidos a inmigrantes indocumentados hasta que las autoridades del ICE se hicieran cargo.
“Una persona que esté manejando sin licencia y con una luz rota puede ser que acabe en la cárcel del condado, ahí pueden chequear su información y el ICE puede acabar siendo informado. Una cosa tan rutinaria como manejar puede resultar en tu deportación”, dijo Kennedy.
La ley permitiría también tomar medidas contra aquellos funcionarios públicos que no cumplieran con esta normativa e, incluso, podrían ser apartados de sus cargos.
El fallo puede ser recurrido.
