De acuerdo con una ley aprobada el miércoles por la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, si una persona se encuentra en el estado después de que se le ha negado la entrada a Estados Unidos o se le ha expulsado del país estaría cometiendo un delito estatal.
La ley, que entra en vigor el 1 de julio, ha incrementado el nerviosismo en las comunidades de inmigrantes en Iowa y ha hecho surgir preguntas entre expertos jurídicos y policiales sobre cómo será aplicada. La ley se asemeja en parte a una ley de Texas que actualmente ha sido bloqueada en los tribunales.
En Iowa y en todo el país, líderes republicanos han acusado al presidente Joe Biden de desatender su responsabilidad de hacer cumplir la ley federal de inmigración, ante lo cual algunos gobernadores republicanos han enviado soldados a Texas, y las asambleas legislativas han propuesto diversas estrategias en el ámbito estatal.
“El gobierno de Biden no ha hecho respetar las leyes de inmigración de nuestra nación, poniendo en riesgo la protección y la seguridad de los habitantes de Iowa”, dijo Reynolds en un comunicado tras aprobar la ley. “Esta ley da a la policía de Iowa el poder de hacer lo que él no está dispuesto a hacer: aplicar las leyes de inmigración que ya están en los libros”.
Después de que la asamblea legislativa aprobó el proyecto de ley, el jefe de la policía de Des Moines, Dana Wingert, dijo a The Associated Press en un correo electrónico en marzo que el estatus de inmigración de una persona no influye en el trabajo del departamento para mantener segura a la comunidad. Indicó que la fuerza policial “no está equipada, financiada ni cuenta con el personal” para asumir responsabilidades que pertenecen al gobierno federal.
“En pocas palabras, no sólo no tenemos los recursos para asumir esta tarea adicional, sino que ni siquiera tenemos la capacidad de realizar esta función”, dijo Wingert.
Shawn Ireland, presidente de la Asociación de Alguaciles y Policías del Estado de Iowa y alguacil adjunto del condado Linn, dijo también en un correo electrónico en marzo que los agentes policiales tendrían que consultar con los abogados del condado para obtener orientación sobre la implementación y la aplicación.
La ley de Iowa, al igual que la de Texas, podría derivar en acusaciones penales a personas que tengan órdenes de deportación pendientes o que previamente hayan sido expulsadas de Estados Unidos o se les haya negado la entrada. Una vez bajo arresto, los migrantes podrían aceptar la orden de un juez de salir del país o ser procesados.
La orden del juez debe identificar el método de transporte para salir de Estados Unidos, y un agente policial o una agencia de Iowa deberán supervisar la partida de los migrantes. Quienes no se vayan podrían enfrentar un nuevo arresto por acusaciones más graves.
La ley de Texas está estancada en los tribunales tras ser impugnada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que considera que entra en conflicto con la autoridad de inmigración del gobierno federal.
El proyecto de ley de Iowa enfrenta las mismas cuestiones en torno a su implementación y aplicación que la ley de Texas, ya que la deportación es un proceso federal “complicado, costoso y frecuentemente peligroso”, dijo Huyen Pham, experta en leyes de inmigración en la Facultad de Leyes A&M de Texas.
Mientras tanto, grupos de la comunidad de inmigrantes de Iowa organizan reuniones y crean materiales informativos para tratar de responder las preguntas de las personas. También piden a los organismos policiales locales y de los condados que emitan declaraciones oficiales, y que se lleven a cabo reuniones presenciales.
En una reunión comunitaria en Des Moines, 80 personas se reunieron e hicieron preguntas en español, entre ellas si deben irse del estado.
Otras preguntaron si era seguro llamar a la policía, si la policía puede preguntarles acerca de su estatus migratorio, y qué ocurrirá si se les discrimina debido a su raza.
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