La exfiscal guatemalteca Virginia Laparra cumplió el jueves un año en prisión luego de denunciar a un juez por filtrar información sobre un caso reservado de corrupción.
Laparra, condenada a cuatro años por abuso de autoridad, se ha convertido en un símbolo de la persecución a los funcionarios judiciales en Guatemala y Amnistía Internacional la ha declarado una presa de conciencia.
“A un año de su detención es evidente que las múltiples arbitrariedades e irregularidades en el actuar de la Fiscalía y del Organismo Judicial en este caso son el resultado de la obsesión de las autoridades en castigar a todas las personas que han contribuido a la lucha contra la corrupción y la impunidad”, dijo el jueves Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un boletín de prensa en el que pidió su liberación.
A su vez, las abogadas defensoras de Laparra denunciaron que la exfiscal se encuentra enferma y que se le ha negado atención médica. Agregaron que necesita una cirugía de emergencia pero el Instituto Guatemalteco del Seguro Social habría fijado una cita recién para mayo.
Laparra integraba la Fiscalía Especial Contra la Impunidad cuando denunció al juez Lesther Castellanos Rodas por filtrar información de un caso de corrupción a un amigo abogado que trabajaba para el gobierno y aspiraba a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
Tras la denuncia Castellanos Rodas fue sancionado administrativamente, pero una Corte revocó la sanción.
Castellanos y su amigo abogado han dicho que son inocentes y presentaron dos denuncias contra Laparra apoyados por una fundación de derecha radical que defiende a militares acusados de crímenes de guerra y a señalados por corrupción.
La defensa de Laparra sostuvo que la ley faculta a cualquier persona a denunciar un hecho y presentaron más de 200 casos en los que fiscales denunciaron a jueces, pero las pruebas no fueron tomadas en cuenta.
Aunque la condena a prisión de Laparra era conmutable, una nueva orden de aprehensión solicitada por Castellanos Rodas con el apoyo de la Fiscalía, por supuestamente revelar información de otro caso, mantiene presa a la exfiscal.
Castellanos Rodas fue nombrado por diputados oficialistas y aliados del Congreso Relator contra la Tortura.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei más de 30 operadores de justicia se han exiliado denunciando criminalización por parte de la Fiscal General Consuelo Porras, cercana a Giammattei, por las investigaciones sobre corrupción y delitos de lesa humanidad que realizaron.
Esto le valió a Porras el retiro de la visa y sanciones por parte del gobierno estadounidense. Estados Unidos y la Unión Europea han denunciado el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala.
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