Activistas de la comunidad inmigrante realizan este martes 16 de agosto un "Día de Acción Nacional" en varias ciudades estadounidenses para exigir que el presidente Barack Obama ponga fin al programa "Comunidades Seguras" o se arriesgue a perder el apoyo del electorado hispano en 2012.
El programa “Comunidades Seguras” permite que las autoridades locales compartan con el Gobierno federal las huellas digitales y otros datos biométricos de los indocumentados en cárceles locales.
Los activistas dijeron que durante las protestas se entregarán "miles de peticiones" frente a la sede de la campaña de reelección del mandatario en Chicago (Illinois).
Las manifestaciones se llevarán a cabo además en las ciudades de Houston, Boston, Miami, Atlanta y Charlotte.
Los grupos a favor de inmigrantes explicaron que el presidente Obama ha deportado a más de un millón de indocumentados desde el principio de su gobierno en 2009.
José Luis Gutiérrez, director de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), dijo que estas deportaciones han sido llevadas a cabo sin precedentes.
"Si el presidente continúa alejando a los votantes latinos, perderá la elección, simple y sencillamente", explicó Carlos Roa, de la organización Presente.org.
"No puede esperar que los votantes latinos y toda una comunidad se queden mirando mientras él amplía Comunidades Seguras, un programa extremadamente controvertido que separa a las familias”, dijo Roa.
Los presos con serios antecedentes penales, entre éstos violadores, homicidas y secuestradores, quedan sujetos a un proceso de deportación.
Roa mencionó también que aunque en 2008, durante su campaña presidencial, Obama prometió una reforma migratoria, “ha presentado todo lo opuesto a sus promesas”.
Varios líderes políticos se encuentran en desacuerdo con el programa, incluyendo a los gobernadores Pat Quinn (Illinois), Andrew Cuomo (Nueva York), y Deval Patrick (Massachusetts).
El gobernador Quinn notificó el pasado 4 de mayo que Illinois no será parte de la iniciativa, ya que "un número desproporcionado de personas deportadas bajo este programa no tenía antecedentes penales".
