Washington es un hervidero tras el anuncio de que el gobierno del presidente Barack Obama centrará sus esfuerzos en deportar solamente a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales o aquellos que representen una amenaza para la seguridad nacional.
Las nuevas reglas abren también el camino para que aquellos sin antecedentes penales que enfrentan la deportación puedan permanecer en EE.UU. e incluso solicitar un permiso de trabajo.
Defensores de los migrantes, aunque celebran la noticia, dijeron que presionarán al presidente para que adopte más medidas pro migrantes. Los opositores, incluyendo muchos legisladores republicanos, criticaron las reformas de Obama como un plan de amnistía masiva.
La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo que su agencia revisará todos los 300.000 casos pendientes en los tribunales de inmigración, pero el nuevo enfoque será deportar a criminales y a los que violaron gravemente las leyes de inmigración.
Los inmigrantes indocumentados clasificados como de baja prioridad, en tanto, no serán deportados e incluso podrían ser ofrecidos la oportunidad de aplicar para una visa de trabajo.
Activistas pro inmigración elogiaron inmediatamente las medidas. Gustavo Torres, director ejecutivo de Casa de Maryland, un grupo que aboga por los derechos de los inmigrantes, dijo que el gobierno permitirá que los indocumentados sigan “contribuyendo con esta gran nación” y afirmó estar muy “contento con esa decisión”.
Napolitano dijo en una carta a los senadores que el gobierno de Obama ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene sentido gastar recursos en casos de baja prioridad. Pero el anuncio enfureció a algunos legisladores republicanos y otros que se oponen a la inmigración ilegal.
Ira Mehlman, de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR), dijo que espera que el Congreso, especialmente la Cámara de Representantes –dominada por los republicanos-, desafíe al presidente.
“El Congreso no puede y no debe permitir que el gobierno usurpe la autoridad constitucional que el Congreso tiene para hacer nuestras políticas migratorias”, dijo. “Es responsabilidad del gobierno aplicar las leyes escritas por el Congreso”, sostuvo.
El plan del gobierno de Obama seguramente avivará las tensiones políticas de cara a las elecciones presidenciales 2012.
Los republicanos acusan a Obama de conceder una amnistía a cientos de miles de inmigrantes, al tiempo que los activistas pro inmigración esperan que el presidente haga más por la causa que defienden.
