Cuando faltan 24 días para las elecciones generales en Honduras, la agencia de investigación del Ministerio Público arrestó el jueves al candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana, acusado de lavado de activos e investigado por varios homicidios, incluido el de un informante de la DEA.
También fueron arrestadas y están acusadas su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla. El postulante del Movimiento Dignidad y Esperanza (MIDE), un capitán retirado con baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas, fue capturado en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa cuando regresaba del departamento de Islas de la Bahía.
Rodríguez Orellana fue dado de baja luego de denunciar públicamente la vinculación con el narcotráfico de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. El hermano del presidente fue encontrado culpable de narcotráfico en una corte federal de Estados Unidos y condenado a cadena perpetua.
El director de comunicaciones del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo a The Associated Press que la investigación del caso por parte de la Fiscalía comenzó en 2014.
“Se pudo comprobar que las cantidades millonarias de dinero que tanto el capitán Orellana como su núcleo familiar movían en el sistema bancario nacional no eran coherentes con los ingresos que tenía”, agregó.
Mora comentó que durante el tiempo que se desarrollaron las pesquisas se llamó a testificar al capitán y a sus familiares para que justificaran sus fondos, pero no pudieron hacerlo.
Luego del arresto, la Agencia Técnica de Investigación Criminal procedió a la confiscación de 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos de Rodríguez Orellana y su familia en varias zonas de Honduras, que serán traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados.
Tras conocer la captura, la embajada de Estados Unidos en Honduras constató que Rodríguez Orellana se encuentra bajo investigación debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción.
“Los Estados Unidos no será refugio para aquellos que recurren a actividades criminales. La embajada ha hablado de estas investigaciones con algunas personas quienes han proporcionado información importante para una investigación en proceso”, detalló la sede diplomática en un comunicado.
Según el Ministerio Público, mientras Orellana estuvo en las Fuerzas Armadas recibió más de 100.000 dólares de ingresos brutos y más de 33.000 dólares de salarios netos, pero manejó recursos que fueron administrados por su esposa y suegra por más de nueve millones de dólares.
La Fiscalía señaló que un testigo protegido vinculó al excapitán en operativos en el departamento de Gracias a Dios para encontrar dinero o droga que no eran declarados en su totalidad y que se quedaba con gran parte de lo incautado.
“Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA”, indicó el boletín emitido por el Ministerio Público.
Los fiscales a cargo del caso establecieron que todo el dinero con el que se quedaba durante los operativos era enviado a su esposa y su suegra, que son comerciantes, con el fin de lavar el efectivo.
Al respecto Salomón Amador, abogado defensor de Rodríguez Orellana, dijo a medios locales que su cliente se presentará este jueves ante un juez en la audiencia de declaración de imputado y que rechazará la hipótesis de la fiscalía.
Declaró que la suegra del capitán desde hace muchos años es una importante comerciante y dirigente del mercado más grande de la capital y que en todo ese tiempo ha logrado amasar una buena cantidad de recursos.
“Mi cliente siempre solicitó la plena voluntad de someterse al proceso y que se le tomara una declaración en el plano administrativo. Además solicitamos copia del expediente para ver cuáles son los movimientos bancarios que se mencionan y en ningún momento se nos dio esa información”, apuntó.
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