TEGUCIGALPA, HONDURAS - El tribunal electoral de Honduras realiza el recuento de 4.753 urnas que han generado dudas sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre, cediendo a una demanda de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Representantes de la empresa privada se sumaron el viernes como observadores del conteo. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, informó que la organización tendrá 43 personas en turnos de 24 horas vigilando el recuento.
Se espera que para el final del viernes se halla terminado el recuento de unas 800 a 1000 urnas.
El gobernante Partido Nacional de Honduras aplaudió la decisión del reconteo, pero el líder de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Manuel Zelaya criticó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), esté "manipulando" y "manoseando" actas y votos.
Zelaya, un expresidente de Honduras que apoyó a Nasralla en las elecciones, dijo el jueves por la noche al local Canal 3 que ni él ni la comunidad hondureña tienen confianza en el TSE, que en su opinión "no tienen ningún tipo de credibilidad".
El líder opositor exigió una "auditoría forense" del sistema de cómputo del TSE.
Último día para presentar queja
El jueves, observadores internacionales instaron a la oposición de Honduras a presentar una queja formal sobre las turbulentas elecciones del 26 de noviembre antes de que venza el plazo para hacerlo este viernes.
El equipo de observación de elecciones de la Unión Europea recordó a los candidatos que se acercaba la fecha límite y que era un paso legal para desafiar las elecciones.
Más tarde, el principal diplomático de los Estados Unidos en Honduras instó al tribunal electoral a considerar cuidadosamente cualquier queja adicional que reciba.
Antecedentes
Las denuncias de fraude electoral luego de los comicios hondureños desencadenaron protestas y un coro de preocupación internacional por los acontecimientos en la nación centroamericana.
Los resultados oficiales muestran al presidente conservador de Honduras, Juan Orlando Hernández, con una estrecha ventaja de 1,6 puntos porcentuales sobre el líder de la oposición de centroizquierda Salvador Nasralla. Sin embargo, el Tribunal Electoral no ha declarado vencedor.
La mañana después de la elección el Tribunal declaró que Nasralla el lideraba el conteo con poco más de la mitad de las urnas tabuladas. Sin embargo, no dio más actualizaciones durante aproximadamente 36 horas. Una vez que los resultados comenzaron a fluir de nuevo, la ventaja de Nasralla comenzó a estrecharse rápidamente.
El jueves, después de reunirse con el principal diplomático de Estados Unidos en Honduras y el representante de la OEA en el país, el jefe del Tribunal, David Matamoros, dijo que habría un recuento de las urnas que llegaron después de la pausa de 36 horas y que la oposición ha dicho que están contaminadas.
"Este es un proceso que queremos emprender frente a los ojos del mundo, y queremos invitar a la sociedad civil", dijo Matamoros en una conferencia de prensa en Tegucigalpa.
La OEA, que el miércoles dijo que podría convocar nuevas elecciones hondureñas si "irregularidades" socavaban la credibilidad de los resultados, había pedido previamente un recuento de esas 4.753 urnas.
Nasralla pidió el miércoles por la noche un árbitro internacional para supervisar el recuento de las más de 18,000 urnas, diciendo que ya no reconocía oficialmente al tribunal hondureño por su papel en el proceso.
Por otra parte, el Ministerio de Seguridad de Honduras dijo el jueves que eliminaría el toque de queda de otros tres departamentos, lo que significa que solo seis de los 18 departamentos del país siguen bajo toque de queda.
Certificación de DD.HH.
En medio de la incertidumbre por el resultado electoral y las violentas protestas en Honduras, la administración de Donald Trump certificó el jueves el buen desempeño de la nación centroamericana en la protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
Si la certificación propuesta por el secretario de Estado, Rex Tillerson, es aceptada por el Congreso, Honduras tendría garantizada la llegada de millones de dólares de fondos estadounidenses que están condicionados al buen desempeño en materia de derechos humanos y corrupción.
Los activistas hondureños se mostraron sorprendidos de que esta decisión llegue precisamente en medio de la crisis, cuando el gobierno de Honduras “no hace cumplir estas condicionalidades”, dijo Carlos Sierra, del Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras.
La decisión afecta sólo la mitad de los fondos que llegan de forma directa a Tegucigalpa y que suman entre 15 y 20 millones de dólares, de acuerdo al senador estadounidense Patrick Leahy. El resto de la ayuda económica estadounidense no se vería afectada.
No obstante, Leahy considera que la certificación en medio de la crisis política que se ha desencadenado tras las elecciones merece someterse a un “cuidadoso escrutinio por parte del Congreso”.
La certificación fue publicada el jueves en el Registro Federal pero Tillerson la firmó el 28 de noviembre, dos días después de las elecciones.
Washington ha enviado fondos a Honduras sobre todo para financiar el entrenamiento de fuerzas de seguridad en aras de una mayor eficacia en la guerra contra las drogas, dado que el país es un punto de tránsito de la cocaína que se dirige al norte. Sin embargo, también manda dinero para proyectos de desarrollo que teóricamente aspiran a reducir el flujo de migrantes hondureños hacia Estados Unidos.
En el documento de certificación, el Departamento de Estado alaba el trabajo anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) para impulsar el sistema de justicia hondureño y el hecho de que una comisión oficial de este país haya depurado a policías corruptos y poco calificados.
“Permanecen retos en la protección de los derechos humanos pero Honduras sigue tomando pasos efectivos” en esa dirección, dice el documento de la certificación.
No obstante, los grupos de derechos humanos subrayan la falta de seguridad que existe en el país que, junto con la migración, ha generado una gran cantidad de personas desplazadas internamente. Y aunque la tasa de homicidios bajó durante el mandato de Hernández, la violencia vinculada a las pandillas se mantiene como un peligro importante.
Asimismo, recuerdan la vulnerabilidad de los ecologistas y defensores de derechos humanos que han tenido que huir y buscar refugio en otros países.
Fulton Armstrong, que trabajó para la CIA en Honduras, criticó a Tillerson por apoyar a un gobierno que no ha hecho nada por proteger los derechos humanos y por respaldarlo además durante la actual crisis.
“Sé cómo funcionan estas cosas; las certificaciones se escriben un mes antes de que se publiquen”, indicó Armstrong. No obstante, agregó que aunque el tema es delicado no es inusual que se pueda paralizar el documento un poco si se avecina una crisis.
“Es completamente cínico” que Tillerson haya guardado silencio tras unas elecciones que son “históricamente anormales” incluso para Honduras, y a pesar de la subsiguiente represión de la oposición, añadió.
Mortal violencia
El gobierno hondureño investiga la muerte de una joven de 19 años en Tegucigalpa, supuestamente a manos de la policía en los disturbios electorales; pero el Comité Hondureño de Familiares de Detenidos y Desaparecidos indicó el miércoles que había documentado 14 muertes vinculadas a las protestas entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre, y culpaba de la gran mayoría de ellas a la policía militar.
