Human Rights Watch asegura que las políticas de los gobiernos de América son insuficientes e inadecuadas y no están garantizando la protección de migrantes o solicitantes de refugio, lo que ocasiona que incluso éstos arriesguen sus vidas en pasos peligrosos como el Tapón del Darién, la peligrosa selva entre Colombia y Panamá.
El informe 'El Tapón del Darién: la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de América Latina', indica que la situación por este paso fronterizo "es el resultado de una serie de políticas migratorias deficientes en toda América".
Según Tirana Hassan, directora ejecutiva de HRW, la más reciente investigación de la organización documentó “cómo la falta de vías seguras y legales ha empujado a los migrantes y solicitantes de asilo a cruzar el peligroso Tapón del Darién".
Durante la presentación del informe, llevada a cabo en la Universidad del Rosario, en Bogotá, Hassan dijo a la prensa que la crisis migratoria ha sido “creada por los seres humanos y, de hecho, está alimentada por los gobiernos que están fracasando en asegurar los derechos humanos”.
Según el informe, el cual incluye el análisis de las políticas migratorias de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú y es el tercero en el año sobre la migración a través del Tapón del Darién, en el último año y medio, más de 700.000 migrantes y solicitantes de asilo han cruzado por este corredor selvático. La mayoría de ellos (cerca de 477.000) son venezolanos, seguidos por ecuatorianos (60.000) y haitianos (41.000).
La negligencia de los gobiernos
HRW indica que aunque algunos gobiernos latinoamericanos han hecho esfuerzos para acoger a migrantes y solicitantes de asilo, las políticas de la región "con frecuencia han sido insuficientes", pues son continuos “los plazos restrictivos, procedimientos complejos, requisitos de documentación onerosos y retrasos administrativos” en sus procesos de regularización e integración.
Además de que “los sistemas de asilo cuentan con una capacidad limitada, lo que provoca retrasos significativos” y, por el contrario, la discriminación, la xenofobia y la violencia sexual son cada vez más frecuentes.
“La ausencia y las estrategias socio económicas claramente ausentes han entonces dificultado que estos individuos puedan tener acceso a salud, educación y programas sociales, como también vivienda”, enfatizó Hassan a la prensa.
Por otro lado, dijo que la comunidad internacional la responsabilidad de hacer rendir cuentas al gobierno venezolano por “continuar su represión sistemática en Venezuela” y resaltó cómo “un estado fracasado” en Haití “también está impulsando y alimentando este movimiento”.
En el primer primer semestre de 2024, grupos criminales secuestraron y mataron a más de 900 ciudadanos y es de conocimiento de HRW “testimonios de que hay personas secuestrando, pandillas amenazando y sobre todo hay altos índices de violencia sexual, el sistema de salud en Haití está en colapso y las personas no sienten un sentido de seguridad”.
En este sentido, la directora de HRW que es otro ejemplo del “fracaso del gobierno y también de la comunidad internacional, en términos de abordar esas violaciones de derechos humanos sistemáticas en Haití. Y eso es lo que ha también alimentado el éxodo de haitianos”.
"Las crisis en Venezuela y Haití son cada vez peores y exigen que los gobiernos de las Américas, incluyendo Estados Unidos, mejoren sus políticas migratorias", afirmó la directora ejecutiva de HRW.
Hassan también criticó la política migratoria de EEUU que, según su criterio, ha ampliado el problema, al “no garantizar rutas seguras de los migrantes y de los solicitantes de asilo” y de adoptar “políticas muy estrictas”, y, en especial, su acuerdo con Panamá de repatriación de migrantes que crucen el Darién.
“Esto no es una solución para la crisis migratoria, más bien son Acuerdos Transaccionales que benefician solamente a una parte para proteger sus propias agendas políticas”.
En Colombia
Aunque HRW alabó el trabajo de Colombia para integrar a la migración venezolana, advirtió que la falta de una autoridad nacional responsable en el tema y la falta de recursos regionales para atender el fenómeno ha debilitado sus iniciativas de integración.
“El gobierno no dispone de datos fiables sobre el número de migrantes que cruzan y sus necesidades, lo que dificulta el suministro eficaz de alimentos, agua y asistencia sanitaria”, sentenció el informe, pero además "los migrantes se enfrentan a dificultades para acceder a empleo y convalidar títulos y diplomas profesionales, así como a discriminación”.
Incluso, habla de un sistema que no da abasto y los solicitantes de asilo no están autorizados a trabajar.
"Las autoridades han aprobado una importante legislación para regularizar a los migrantes venezolanos, incluyendo un histórico estatuto de protección temporal de 10 años que benefició a más de dos millones de venezolanos. Sin embargo, otros extranjeros y los venezolanos que hayan entrado irregularmente después de enero de 2021 o regularmente después de mayo de 2023 no tienen más opciones para regularizar su estancia que los visados ordinarios, que son costosos", dice el texto.
Otro de los desafíos, explicó Hassan, es la falta de presencia de las autoridades en municipios donde llegan los migrantes antes de cruzar la selva y que están dominadas por el Clan del Golfo, grupo armado que “tiene poder sobre estas rutas migratorias y tiene una gran presencia física donde están todos los migrantes, los solicitantes de asilo y sobre todo las áreas en donde todos los asistentes de servicios humanitarios tratan de brindar estos servicios”.
Según el Ministerio de Defensa de Colombia, el Clan del Golfo recauda un promedio de 125 dólares por cada persona que cruza el Darién. Si la estimación es exacta, dice HRW, este grupo armado puede haber ganado un total de 65 millones de dólares en 2023 por cuenta del control de esta ruta migratoria.
“Abusos impactantes”
La directora ejecutiva de HRW explicó que la investigación también incluyó “los abusos absolutamente impactantes que han ocurrido” durante la travesía de los migrantes. Uno de ellos es la violencia sexual.
“Escuchamos historias de mujeres y niñas de 16 años que llevaban su propio anticonceptivo de emergencia porque la prevalencia y la probabilidad de que fueran violadas en el viaje era muy alta”, dijo. Normalmente, estos flagelos ocurren en el lado fronterizo de Panamá.
Desde abril de 2021 a marzo de 2024, Médicos Sin Frontera registró 1.500 víctimas de violencia sexual, una “cifra absolutamente alarmante, si la relacionamos a cualquier otra crisis que hemos documentado como Human Rights Watch, en términos de abuso de los derechos humanos”.
Hassan, quien visitó recientemente los municipios de Turbo y Necoclí, adonde llegan miles de migrantes antes de pasar por la selva del Darién, señaló haber conversado con cientos de familias, en su mayoría venezolanas, que describieron cómo huyeron de su país recientemente, en especial tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, al ser sentenciados por participar en protestar y manifestaciones, y ahora se exponen a violencia, explotación y abuso sexual, o incluso la muerte.
Recomendaciones
En su informe, Human Rights Watch recomienda implementar un régimen temporal de permanencia a nivel regional que pueda beneficiar no solamente a los venezolanos, sino a los haitianos que tienen un estatus temporal, y con términos mucho más flexibles en términos de vigencia.
Además, revertir medidas “como los onerosos requisitos de visado que impiden el acceso al asilo y obligan a las personas a tomar caminos peligrosos como el Tapón del Darién” y crear un mecanismo regional equitativo para determinar los Estados responsables de examinar las solicitudes de asilo y proteger a los refugiados.
“Este es un desafío para toda la región. Este es un desafío que tampoco es a corto plazo... Esta crisis puede no parecer una guerra, pero es una crisis que está afectando miles y miles de familias en toda la región y en el mundo”, añadió Hassan.
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