Las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido y torturado a decenas de militares y algunos de sus familiares acusados de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en los últimos años, dijeron dos grupos de derechos humanos en un informe publicado el miércoles.
El reporte de 10 páginas de Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, y el Foro Penal de Venezuela, que también acusa a las fuerzas de seguridad de torturar a civiles acusados de ayudar a un ex policía rebelde, se conoce cuando algunos países presionan a la Corte Penal Internacional para que investigue al gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En el reporte se citaron 32 casos en los que personas detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) fueron sometidas a golpizas, intentos de asfixia con bolsas de plástico, cortaduras con hojas de afeitar en las plantas de los pies y descargas eléctricas.
“El gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Los agentes de inteligencia “no solo están deteniendo y torturando a militares, sino que en algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan”, agregó Vivanco.
En un caso citado en el informe, el día antes de que Maduro ganara la reelección el 20 de mayo del 2018 -en comicios que opositores y críticos consideraron una farsa- oficiales armados sin identificación arrestaron a José Marulanda, compañero de una sargento del Ejército acusada de conspirar contra el gobierno.
Marulanda, un médico de 53 años, fue golpeado tan severamente en la cabeza en la sede de DGCIM que perdió la audición en su oído derecho, dijeron los grupos.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.
Con frecuencia, Maduro acusa a Estados Unidos y al gobierno de la vecina Colombia de conspirar para derrocarlo.
Funcionarios venezolanos también dicen que los grupos de derechos humanos minimizan actos violentos de la oposición, incluido una denuncia de incendiar a un hombre en una manifestación y atacar a la policía con explosivos.
Tanto HRW como Foro Penal han acusado previamente a Venezuela de torturar a opositores del gobierno durante las protestas en 2017, en las que murieron más de 120 personas.
Pero el informe del miércoles, que documenta varios incidentes ocurridos en 2018, sugiere que el gobierno está preocupado por la lealtad de los militares tras la crisis económica del país que provocó una ola migratoria sin precedentes.
Más de 170 soldados fueron detenidos por traición, rebelión y deserción a principios de 2018, en comparación con un total de 196 en todo 2017, según documentos revisados por Reuters.
