Ya son tres los jueces que le ordenan al gobierno de Donald Trump continuar con el programa que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes. Ahora, una demanda presentada en Texas que busca poner fin al programa podría crear un enfrentamiento judicial que agilizaría la llegada del caso a la Corte Suprema.
El programa, llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), fue promulgado por Barack Obama. Prevé la suspensión temporal de las deportaciones de jóvenes que residan sin autorización legal _que llegaron a Estados Unidos cuando niños, traídos por sus familiares_, siempre y cuando no hayan sido condenados por haber cometido delitos graves y siempre no se trate de personas que representen una amenaza a la seguridad pública.
La decisión de anular el programa provocó protestas y un fallido intento del Congreso para salvarlo. Expertos opinan que el máximo tribunal se pronunciará sobre el tema inevitablemente, y que es sólo cuestión de tiempo.
Josh Blackman, profesor de derecho del South Texas College of Law Houston, estimó que la demanda de Texas, presentada el 1 de mayo, abre “una vía rápida para llegar a la Corte Suprema”.
Si Texas, junto con otros seis estados, convencen a un juez de emitir una orden a nivel nacional impidiéndole al gobierno seguir con el DACA, ello contradiría las órdenes actuales de los magistrados de que el gobierno debe parcialmente seguir respetando el programa. Ese es el tipo de conflicto que generalmente dirime el máximo tribunal.
El tribunal ya ha terminado de escuchar argumentos antes de que comience su receso veraniego, y es poco común que reabra los debates antes de octubre. Pero si interviene, podría emitir instrucciones interinas de carácter procedimental, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho migratorio de la Universidad de Cornell. La demanda presentada en Texas crea “más incertidumbre sobre lo que va a ocurrir”, comentó.
El DACA, creado en el 2012, ya ha protegido a unos 800.000 jóvenes inmigrantes que vinieron cuando niños a Estados Unidos y se quedaron en el país ilegalmente. Los beneficiados del programa reciben protección por dos años, que puede ser prorrogada.
Jueces en California y Nueva York han determinado que el gobierno tiene que aceptar las renovaciones solicitadas por los participantes actuales, pero no está obligado a recibir participantes nuevos. Un juez en el Distrito de Columbia falló que el gobierno sí debe recibir solicitudes nuevas, pero ese fallo ha quedado en suspenso hasta fines de julio.
