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EE.UU. exime de veto migratorio a portadores de "Green card"


Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, aclaró el alcance del decreto presidencial sobre inmigración.
Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, aclaró el alcance del decreto presidencial sobre inmigración.

El portavoz presidencial Sean Spicer dijo que los portadores de residencia legal permanente en EE.UU. no necesitarán permiso especial para regresar al país.

Los ciudadanos de las siete naciones de mayoría musulmana afectados por la orden ejecutiva sobre migración del presidente de EE.UU., Donald Trump, con residencia legal permanente en Estados Unidos, no necesitarán un permiso especial para regresar al país, explicó el gobierno.

Los titulares de la llamada "green card" podrán entrar y salir de Estados Unidos cuando quieran pese a la orden ejecutiva antiinmigración, explicó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Este anuncio fue el último esfuerzo por aclarar y ajustar el decreto presidencial que prohíbe los viajes y la inmigración desde Irak, Siria, Irán, Somalia, Sudán, Libia y Yemen.

La orden generó críticas en todo el mundo, pánico entre los viajeros y una aparente confusión dentro del propio gobierno por cómo debía implementarse.

En las primeras horas tras su entrada en vigor, se impidió a personas con residencia legal permanente embarcar en vuelos en el extranjero o fueron detenidas a su entrada al país.

También se bloqueó a algunos ciudadanos iraquíes con visas especiales para quienes ayudaron a las tropas estadounidenses durante sus operaciones allí.

Hasta el martes, más de 1.000 personas con "green card" ingresaron al país gracias a una dispensa especial, explicó el director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan.

Por "razones de eficiencia", los ciudadanos en esta situación "no necesitarán ya la exención", explicó Spicer el miércoles.

La orden ejecutiva de Trump incluyó también una suspensión de cuatro meses del programa de acogida de refugiados y el veto indefinido a la entrada de sirios al país.

La confusa aplicación de la norma generó preocupación entre legisladores demócratas, que pidieron una investigación al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional.

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