Un juez federal prohibió el martes al gobierno de Estados Unidos hacer cumplir una moratoria de deportación de cien días, anunciada la semana pasada por la Casa Blanca y que es una de las medidas migratorias prioritarias del presidente Joe Biden.
El juez de distrito de Estados Unidos, Drew Tipton, emitió una orden de restricción temporal solicitada por Texas, que el viernes impugnó un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que instruía a las agencias de inmigración a detener la mayoría de las deportaciones. Tipton dijo que la administración Biden no había "proporcionado ninguna justificación concreta y razonable para una pausa de cien días en las deportaciones".
La orden de Tipton es un golpe inicial para la administración Biden, que ha propuesto cambios de gran alcance buscados por los defensores de la inmigración, incluido un plan para legalizar a unos 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. Biden prometió durante su campaña emitir la moratoria.
El fallo representa una victoria para los líderes republicanos de Texas, que a menudo demandaron para detener los programas promulgados por el predecesor demócrata de Biden, el presidente Barack Obama. También mostró que así como los estados y grupos de inmigración liderados por los demócratas lucharon contra el expresidente Donald Trump por la inmigración en los tribunales, a menudo con éxito, también lo harán los republicanos con Biden en el cargo.
Un cambio de política
David Pekoske, el secretario interino de Seguridad Nacional, firmó un memorando el primer día en que Biden asumió, en el que ordenaba a las autoridades de inmigración que se centraran en la seguridad nacional y las amenazas a la seguridad pública, así como en cualquier persona detenida que ingresara ilegalmente a Estados Unidos después del 1 de noviembre.
Ese fue un cambio de la política de la administración Trump que convirtió a cualquier persona ilegalmente en Estados Unidos en una prioridad para la deportación.
La moratoria de cien días entró en vigor el viernes y se aplicó a casi cualquier persona que ingresara a EE.UU. sin autorización antes de noviembre.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, argumentó que la moratoria violaba la ley federal y un acuerdo que Texas firmó con el Departamento de Seguridad Nacional al final de la administración Trump. Ese acuerdo requería que Seguridad Nacional consultara con Texas y otros estados antes de tomar cualquier acción para "reducir, reorientar, cambiar prioridades, relajar o modificar de alguna manera la aplicación de la ley de inmigración".
La administración Biden argumentó en documentos judiciales que el acuerdo no se puede hacer cumplir porque "una administración saliente no puede ceder ese poder a una administración entrante". La oficina de Paxton, mientras tanto, presentó un artículo de opinión de Fox News como evidencia de que "la negativa a expulsar a los extranjeros ilegales conduce directamente a la liberación inmediata de más extranjeros ilegales en Texas".
