Una jueza federal aplazó este jueves su veredicto sobre la solicitud del expresidente Donald Trump de una revisión independiente de los documentos incautados por el FBI en su residencia de la Florida el mes pasado.
Los abogados de Trump pidieron a la jueza de distrito de la Florida Aileen Cannon que nombrara a un supervisor especial que determine si los documentos contienen materiales privilegiados que deben devolverse al expresidente.
El Departamento de Justicia se opone a la solicitud, alegando que ya hizo su propia revisión de los materiales y que designar a un supervisor especial impediría su investigación sobre el manejo de Trump de documentos clasificados.
Un rector especial es una tercera parte independiente designada por una corte en casos delicados para revisar materiales potencialmente protegidos por la confidencialidad de abogado y cliente, u otros privilegios, con el fin de asegurar cualquier manejo impropio de los investigadores.
Cannon indicó la semana pasada que estaba inclinada a otorgar la solicitud de Trump, pero después de escuchar los argumentos de los abogados del expresidente y los fiscales del gobierno, dijo que emitiría un fallo “a su debido tiempo”.
En juego está lo que se hará con más de 100 documentos clasificados hallados durante el registro de la residencia de Mar-a-Lago como parte de una investigación federal sobre cómo los documentos del gobierno llegaron allí.
Bajo la Ley de Registros Presidenciales, Trump debió entregar sus registros de la Casa Blanca a los Archivos Nacionales al final de su término en enero de 2021.
El FBI está investigando delitos potenciales derivados de la retención de los documentos por parte de Trump, como violaciones a la Ley de Espionaje, que considera un delito grave acumular, transmitir o perder información de defensa nacional.
La investigación comenzó después de que representantes de Trump enviaron 15 cajas de materiales a los Archivos Nacionales en enero de 2022, casi un año después de cumplir su mandato, y la agencia alertó al Departamento de Justicia de que había identificado más de 100 documentos clasificados.
Tratando de prevenir que el FBI examinara los documentos encontrados en Mar-a-Lago, los abogados de Trump pidieron la semana pasada a Cannon que nombrara a un supervisor especial, argumentando que los documentos podrían estar amparados por el privilegio abogado-cliente o el privilegio ejecutivo.
El Departamento de Justicia se opuso en una presentación legal de 36 páginas en que alega que su equipo solo había identificado un pequeño número de documentos protegidos bajo el privilegio abogado-cliente.
Este jueves, abogados del Departamento de Justicia dijeron en corte que el equipo había encontrado 64 grupos de materiales potencialmente privilegiados que sumaban más de 500 páginas.
El departamento ha dicho que entre los registros que estaban en Mar-a-Lago había documentos clasificados como muy secreto y programa de acceso especial.
La comunidad de inteligencia de EEUU está enfrascada en una labor de evaluación de daños resultantes de la retención de los documentos de Trump, y el Departamento de Justicia dice que nombrar a un supervisor especial “dañaría significativamente a importantes intereses del gobierno, entre ellos intereses de seguridad nacional”.
En su rechazo al reclamo de privilegio ejecutivo de Trump sobre los documentos, el Departamento de Justicia dijo que estos pertenecen al gobierno y que Trump, como expresidente, no tiene derecho a retenerlos.
Toda revisión independiente de los documentos, dijo el Departamento de Justicia, debe estar limitada al privilegio abogado-cliente y terminar antes del 30 de septiembre.
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