Una jueza ecuatoriana abrió el miércoles el juicio y declaró prófugo al expresidente Rafael Correa, quien está acusado de ordenar en el 2012 el secuestro de Fernando Balda, antiguo asambleísta de oposición que se había refugiado en Colombia.
Un comunicado oficial indicó que la Jueza Nacional, Daniella Camacho, acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y llamó a juicio Correa.
Balda vive actualmente en Quito y acusa a agentes de inteligencia de Ecuador ordenados por las máximas autoridades del gobierno de Correa de haber planificado su secuestro y ha vinculado a policías colombianos como autores materiales del hecho.
El juicio no tendrá lugar a menos que Correa regrese al país voluntariamente o sea capturado por la policía. La ley ecuatoriana prohíbe que los juicios penales por el delito de plagio se realicen en ausencia de los supuestos acusados.
Otros tres funcionarios tienen también orden de prisión en el mismo caso. La jueza ordenó también que se congelen sus cuentas bancarias.
Entre los acusados también están el ex titular de la secretaría nacional de inteligencia, Pablo Romero, que al igual que Correa vive en Europa.
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Camacho había solicitado meses atrás prisión preventiva contra Correa, quien reside actualmente en Bélgica con su familia, como parte del proceso de investigación; pero el miércoles ratificó el pedido a las autoridades policiales locales para que se notifique a Interpol y se concrete su captura.
Correa dice que el proceso penal y su vinculación es una "persecución política" del gobierno de Lenín Moreno y ha desconocido la actuación de la Fiscalía.
Tras el anuncio el miércoles, Correa reaccionó en su cuenta en Twitter.
El abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, también rechazó la medida. "No hay prueba respecto al plagio, se ha actuado de manera sesgada, no es imparcial".
El abogado del exmandatario, Caupolicán Ochoa, dijo tras el fallo que “esperábamos algo así porque durante las últimas semanas fuimos testigos de una desaprensiva presión de orden políticos obre la señora jueza”.
Por su parte, Balda comentó: “aunque parezca una victoria, no lo es... No podemos celebrar el hecho de que hoy Ecuador comprobó de manera judicial que estos hechos criminales fueron ordenados por un presidente”.
Un delito de esta naturaleza se castiga con una pena de prisión de 12 años. Ecuador ha solicitado una orden de extradición para Correa y Romero, lo que aún no se cumple.
El caso inició en 2012 cuando Balda era un duro opositor de Correa, al que acusaba de corrupción, mientras que el mandatario lo señalaba como autor de una trama para derrocarlo. Cuando las tensiones crecieron, Balda se refugió en Bogotá, donde desconocidos intentaron secuestrarlo en agosto de 2012, pero se salvó a última hora por la intervención de un grupo de taxistas que alertaron a la policía y neutralizaron el vehículo al cual habían subido al político ecuatoriano.
Las investigaciones judiciales en Colombia determinaron que tres agentes de inteligencia de la policía ecuatoriana habían contratado a delincuentes comunes, ahora en prisión, para secuestrar al exlegislador.
Correa gobernó Ecuador con mano de hierro entre 2007 y 2017, y poco después de dejar su cargo se fue a vivir a Bélgica, de donde es oriunda su esposa. Desde allí ha denunciado ser un perseguido político del gobierno de su antiguo amigo y compañero de partido, el actual presidente Lenín Moreno.
