Cumpliendo con el deseo de los hijos de Diego Maradona, la justicia argentina dispuso el traslado del cuerpo del mítico futbolista del cementerio privado donde está sepultado a un mausoleo que se encuentra en construcción en Buenos Aires y que permitirá a sus admiradores de todo el mundo rendirle homenaje.
El Tribunal N°3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, dio luz verde el martes a la medida, que fue destacada por Dalma Maradona, una de las hijas del astro del fútbol fallecido en 2020, cuando tenía 60 años.
“Siempre supimos que su lugar era con la gente pero tmb (sic) entendíamos que se tenían que dar todas las garantías de seguridad como prioridad. Lo que queremos es que los que lo aman puedan ir a demostrarle su amor y dejarle alguna margarita”, dijo en sus redes sociales la hija del “Diez”, de 37 años.
El cuerpo del excapitán de la selección y campeón del mundo en México 1986 descansa en el Jardín de Bella Vista, un cementerio privado de la localidad de San Miguel que está situado a unos 50 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
El tribunal concedió a los cinco hijos de Maradona el traslado de su cuerpo atendiendo a “razones humanitarias y emocionales” y señaló que la familia deberá indicar quiénes participarán del mismo y la forma en que se llevará a cabo en una fecha que aún no está determinada.
El proyecto M10 Memorial fue presentado en 2023 en un acto en el que estuvieron la mayoría de los hijos de Maradona. El panteón está siendo edificado en una explanada en el barrio de Puerto Madero a la que se podrá acceder a pie desde la Plaza de Mayo, donde se encuentra la casa de gobierno.
Puerto Madero, cercano al Río de La Plata, es uno de los barrios capitalinos más pujantes, con restaurantes y bares que son frecuentados por turistas.
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El 30 de octubre Maradona hubiera cumplido 64 años.
Ocho personas, entre médicos y enfermeros, serán juzgados por su presunta responsabilidad en el deceso del excapitán de la selección, quien murió a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras cumplía una internación domiciliaria después de una cirugía en la que se le extrajo un edema craneal.
Los imputados —entre ellos un neurocirujano, una psiquiatra y un coordinador de enfermeros— están acusados de haber cometido homicidio simple con dolo eventual, que implica que el victimario sabe que hay un riesgo de vida para la otra persona, pero continúa con su accionar. Prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Siete de los acusados serán juzgados a partir de marzo de 2025 por un tribunal integrado por tres jueces. Una enfermera que es la octava imputada sería juzgada en un juicio popular en una fecha que aún debe ser determinada.
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