La inauguración del tercer mandato presidencial de Nicolás Maduro está precedida por un despliegue de fuerzas de seguridad sin precedentes en Caracas, capital y sede del poder político en Venezuela, y por una nueva oleada de represión de dirigentes y activistas de la oposición, según expertos y reportes de dos organismos internacionales sobre derechos humanos.
Maduro, de 62 años y presidente desde 2013, prevé ratificar este viernes su juramento como jefe de Estado por los próximos seis años, a pesar de que sus opositores y un grupo de países, entre ellos Estados Unidos, consideran que perdió la elección de julio.
Además, iniciará un nuevo período presidencial en medio de múltiples denuncias sobre violaciones graves a los derechos humanos y políticos de la población y la disidencia, no sólo por parte de expertos en la materia, sino de organismos internacionales.
Este martes, la Comisión de Derechos Humanos publicó un informe sobre Venezuela donde concluye que el gobierno de Nicolás Maduro practicó “terrorismo de Estado” y “una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder”.
La Comisión, organismo fundamental del sistema interamericano de derechos humanos, aseguró que el gobierno venezolano “implementó una estrategia destinada a manipular los resultados” para proclamar ganador a Maduro “sin ninguna transparencia”.
El chavismo activó “una represión sistemática, incrementando el terror como herramienta de control social”, que incluyó 25 asesinatos, unas 2.000 detenciones arbitrarias, decenas de desapariciones forzadas breves, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y “graves violaciones” a garantías judiciales y la liberta de expresión, apunta el reporte de la CIDH.
El oficialismo buscó “sembrar terror” en la ciudadanía, señaló.
En Venezuela, se evidenció “un pico represivo” y un “clima de terror” auspiciado por funcionarios del gobierno de Maduro y “la participación, aquiescencia y tolerancia de las instituciones” creadas para resguardar la democracia y los DDHH, concluye la CIDH.
Los gobiernos del chavismo han rechazado los informes y denuncias sobre las graves violaciones a los derechos humanos en el país, calificándolos como “panfletos”.
El ejecutivo de Maduro manifestó hace ocho años su voluntad de desvincularse completamente del sistema interamericano de DDHH. Si bien también había denunciado la Convención Americana en 2012, expertos y la misma CIDH han asegurado que esos pasos no afectan la competencia ese organismo para conocer asuntos sobre Venezuela.
Despliegue de fuerza inédito
El informe de la CIDH se publica en las vísperas de la nueva toma presidencial de Maduro y en momentos cuando la presencia de uniformados de las fuerzas del Estado se cuenta por miles en Caracas. Según partidos críticos del chavismo, como el Movimiento Al Socialismo, es un despliegue de seguridad “inédito” en un clima de “tensión y amenazas”.
El viernes pasado, a una semana de la juramentación de Maduro, la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas denunció que “cada día” se detiene a nuevas personas por razones políticas, mientras “cientos permanecen en prisión en condiciones degradantes", sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El fiscal general venezolano Tarek William Saab, un exgobernador chavista ratificado en su cargo judicial por otros 7 años, indicó que las autoridades ya habían liberado a más de 1.500 de las más de 2.200 personas detenidas en el contexto de la crisis post electoral.
Antes de las elecciones de julio, las organizaciones de la sociedad civil venezolana habían documentado detenciones individuales por razones políticas con violaciones al debido proceso judicial y denuncias de condiciones inexcusables de reclusión, pero esos registros han registrado “un incremento” en el último semestre, según el abogado y experto en DDHH Carlos Lusverti.
“Esto se incrementa y, aun cuando han ocurrido varias liberaciones, ello no subsana que esas personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias o que sigan estando sometidas a juicios sin las debidas garantías”, dice a la VOA sobre las recientes liberaciones.
¿Situación normal o de terror?
El gobierno venezolano dice haber encarcelado a más de 120 “mercenarios” extranjeros que formarían parte de un presunto plan violento para deponer a Maduro del poder.
Diosdado Cabello, ministro del Interior y primer vicepresidente del partido de gobierno, ha justificado la masiva presencia militar y policial en Caracas argumentando que es una situación “muy normal” en las vísperas de la juramentación presidencial.
“Las calles de Venezuela y las de Caracas están en calma, el despliegue es porque conocemos a la oposición que tenemos”, dijo el ministro el fin de semana. Sin embargo, especialistas en DDHH advierten que es un hecho sin precedentes en el país.
Ligia Bolívar, especialista en derechos humanos durante más de 40 años y presidenta de Alerta Venezuela, un equipo de análisis e incidencia internacional en derechos fundamentales, no recuerda una toma de posesión presidencial “tan militarizada” como la de Maduro.
En el pasado, hubo ocasiones donde la Casa Militar venezolana asumió el control de seguridad de algún teatro o sede institucional para garantizar la integridad del evento y de los mandatarios presentes, pero, al menos este año, “vienen muy pocos”, resalta.
A su juicio, está en marcha “una nueva ola de represión” que consiste en “sembrar miedo y enviar un mensaje de cero tolerancia a la disidencia”.
“Desde el año pasado, Maduro ha hecho todo lo que estaba a su alcance para amarrarle la cuerda bien cortica a la oposición. Se trata de una búsqueda de control absoluto de la población a través del terror”, insiste.
Los cuerpos de seguridad responsables del mantenimiento del orden público en Venezuela “deben comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza”, dijo el viernes pasado Marta Valiñas, presidenta de la Misión para Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas.
“El aparato represor sigue plenamente operativo”, indicó, por su parte, otro experto de la Misión, Francisco Cox.
Según sus apuntes, las autoridades venezolanas detuvieron entre agosto y diciembre a al menos 56 activistas de partidos opositores, 10 periodistas y una defensora de derechos humanos.
Voceros del gobierno han asegurado que esos detenidos estarían involucrados en una conspiración “fascista” y “terrorista”. Este martes, la dirigente opositora María Corina Machado denunció que en su país "aumentan las prácticas de terrorismo de Estado".
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