Los dos activistas promigrantes detenidos el 5 de junio en México por delitos vinculados con el tráfico migratorio fueron liberados por falta de pruebas. Ambos habían participado en las caravanas de centroamericanos que cruzaron el país a finales de 2018.
Irineo Mújica, líder de la ONG Pueblos Sin Fronteras, y Cristóbal Sánchez, otro activista menos conocido, ofrecieron el miércoles una conferencia de prensa en Tapachula, estado de Chiapas, en la que celebraron la independencia con la que actuó el juez federal que, al no encontrar evidencias contra ellos, les dejó en libertad. Sin embargo, arremetieron contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, a juicio de ambos, les imputó un delito que no cometieron.
Mújica acusó al ejecutivo de "fabricación de delitos" en su contra y aunque reconoció tener miedo dijo que si los narcotraficantes no habían podido parar su trabajo en favor de los migrantes, tampoco lo harían las autoridades.
"Somos los primeros presos políticos de esta llamada `cuarta transformación'", afirmó Sánchez en alusión al lema usado por López Obrador para decir que está liderando un cambio drástico en el país.
En las últimas décadas se ha denunciado en varias ocasiones que autoridades han `fabricado' delitos a inocentes con distintos fines pero el actual gobierno se comprometió a erradicar estas prácticas por completo para que no haya impunidad.
Las detenciones de los dos activistas se dieron en medio de la crisis por la amenaza de los aranceles a las importaciones mexicanas lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump si México no controlaba el flujo de migrantes.
A Mújica, la fiscalía federal le acusaba de ``transporte de migrantes con la agravante que dicha conducta se haya realizado respecto de niñas, niños y adolescentes". A Sánchez, de introducir personas a territorio nacional sin la documentación correspondiente.
López Obrador negó que el arresto de los activistas fuera para complacer a Washington. "Nosotros no actuamos por consigna, no actuamos contra nadie para quedar bien con algún gobierno extranjero".
Más de una docena de grupos defensores de derechos humanos habían mostrado su preocupación por estas detenciones y denunciaron la creciente criminalización de quienes ayudan a los migrantes.
