Un informe elaborado por el senador John Kerry que sugiere que México debe profundizar su reforma judicial y policial provocó el rechazo del gobierno de México que dijo que no contribuye a “generar las condiciones necesarias para hacer frente a los retos compartidos en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional que opera en ambos lados de la frontera”.
El informe de Kerry, difundido el jueves y presentado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, señala que en México, la "gran dependencia en las fuerzas armadas para imponer orden y enfrentar directamente los carteles narcotraficantes parece haber sido muy inefectiva y en algunas instancias exacerbó la violencia sufrida por los civiles".
En el comunicado de respuesta, el gobierno mexicano devuelve la pelota al lado estadounidense, diciendo que “sin lugar a duda, muchos de los retos en materia de seguridad y violencia que enfrenta la sociedad mexicana tienen su origen más allá de nuestras fronteras”.
“El Gobierno de México ha actuado con determinación y firmeza para neutralizarlos y garantizar el bienestar de la población”, añade, haciendo la salvedad de que “el reto no es sólo de México y de los mexicanos”.
La respuesta mexicana detalla las medidas que se han tomado en los ámbitos de seguridad y de justicia, muchos de ellos, consensuados con Estados Unidos. “Se trata asimismo de prioridades mutuamente identificadas y acordadas con Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida y que han sido objeto de múltiples e innovadores programas de cooperación bilateral”, dicen los mexicanos.
“Sin embargo, nuestras acciones serán insuficientes si todos los actores políticos en Estados Unidos no asumen su responsabilidad para frenar el tráfico criminal de armas hacia México, combatir el lavado de las ganancias ilícitas de la delincuencia organizada en el sistema financiero de Estados Unidos, y reducir sensiblemente el consumo de drogas”, concluye el documento.
Estados Unidos ha comprometido 1.400 millones de dólares a través de la Iniciativa Mérida para la lucha antinarcóticos en México, la cual ha dejado al menos 47.500 muertes desde 2006.
El informe de Kerry sugiere al Congreso aportar 250 millones de dólares anuales hasta 2016 para acelerar la implementación en México de un sistema judicial acusatorio en las instancias federal y estatal.
El informe de Kerry, difundido el jueves y presentado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, señala que en México, la "gran dependencia en las fuerzas armadas para imponer orden y enfrentar directamente los carteles narcotraficantes parece haber sido muy inefectiva y en algunas instancias exacerbó la violencia sufrida por los civiles".
En el comunicado de respuesta, el gobierno mexicano devuelve la pelota al lado estadounidense, diciendo que “sin lugar a duda, muchos de los retos en materia de seguridad y violencia que enfrenta la sociedad mexicana tienen su origen más allá de nuestras fronteras”.
“El Gobierno de México ha actuado con determinación y firmeza para neutralizarlos y garantizar el bienestar de la población”, añade, haciendo la salvedad de que “el reto no es sólo de México y de los mexicanos”.
La respuesta mexicana detalla las medidas que se han tomado en los ámbitos de seguridad y de justicia, muchos de ellos, consensuados con Estados Unidos. “Se trata asimismo de prioridades mutuamente identificadas y acordadas con Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida y que han sido objeto de múltiples e innovadores programas de cooperación bilateral”, dicen los mexicanos.
“Sin embargo, nuestras acciones serán insuficientes si todos los actores políticos en Estados Unidos no asumen su responsabilidad para frenar el tráfico criminal de armas hacia México, combatir el lavado de las ganancias ilícitas de la delincuencia organizada en el sistema financiero de Estados Unidos, y reducir sensiblemente el consumo de drogas”, concluye el documento.
Estados Unidos ha comprometido 1.400 millones de dólares a través de la Iniciativa Mérida para la lucha antinarcóticos en México, la cual ha dejado al menos 47.500 muertes desde 2006.
El informe de Kerry sugiere al Congreso aportar 250 millones de dólares anuales hasta 2016 para acelerar la implementación en México de un sistema judicial acusatorio en las instancias federal y estatal.
