Un juez de Miami dictaminó que se violaron los derechos de un inmigrante haitiano indocumentado que fue retenido en una prisión del condado de Miami-Dade, a petición de las autoridades migratorias federales en vez de ser liberado.
Este es el primer fallo en contra de la controvertida decisión de enero pasado del alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, cuando ordenó cumplir con las solicitudes de prolongar la detención de algunos indocumentados para su deportación.
Esto en seguimiento de una medida ejecutiva del presidente Donald Trump en este sentido.
En su fallo, el juez Milton Hirsch señala que las peticiones de detención prolongada del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no suponen “evidencia de que se haya cometido un crimen o que alguien esté en el país ilegalmente”, por lo que los presos deben ser liberados una vez cumplida su pena.
En su opinión, hay que “proteger” al país de la inmigración indocumentada, pero eso no debe hacerse a costa de los “históricos derechos y libertades” de las que se dotó la nación.
Mike Hernández, portavoz del alcalde de Miami-Dade, dijo que apelará la decisión de Hircsh.
Sin embargo, este fallo judicial llega tarde para el haitiano James LaCroix, de 45 años, detenido bajo orden de deportación tras haber sido capturado inicialmente por agentes del condado de Miami-Dade por conducción reiterada de un auto sin licencia de manejo válida.
La Administración Trump insiste en que su principal objetivo es deportar a “criminales”, aunque ha emitido nuevas directrices que acaban con las prioridades establecidas por su predecesor, Barack Obama, de centrarse en criminales para detener ahora a cualquier indocumentado al alcance de los agentes.
Para ello restauraron el programa Comunidades Seguras, que permite a agentes locales y estatales acceder a bases de datos federales de huellas digitales para determinar la identidad y situación inmigratoria de un detenido sin importar el motivo.
Dado que el haitiano se encuentra ya bajo custodia federal, la decisión del magistrado queda sin efecto real, señaló el abogado del inmigrante, Philip Reizenstein.
El martes pasado el juez Milton Hirsch condenó a LaCroix a cinco semanas de cárcel, que ya había cumplido, pero no fue puesto en libertad porque ICE solicitó al condado que le retuviera conforme a una orden de deportación.
Los abogados del haitiano interpusieron un auto de “Habeas Corpus” contra la orden por violación de sus derechos civiles y solicitaron su libertad.
Pero LaCroix fue puesto bajo custodia de los agentes del ICE, antes de que el juez Hirsch pudiera escuchar el jueves los argumentos de la defensa.
El condado ha recibido al menos 52 peticiones del ICE para retener a indocumentados desde que en enero pasado terminase con su política de no dar conformidad a este tipo de peticiones a no ser que el gobierno federal pagara los costes adicionales por la retención de los inmigrantes sin estatus legal.
La autoridad del condado decidió cumplir con las solicitudes de detención prolongada de inmigrantes después de que Trump amenazara con retirar fondos federales a las jurisdicciones que obstruyeran la aplicación de las leyes migratorias.
