El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, instancia creada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU exige gobierno venezolano la libertad de la jueza María Lourdes Afiuni Mora al considerar que la encarcelación de esta funcionaria "es arbitraria debido a que contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos en al menos seis de sus artículos, así como otros tratados entre los que figuran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El informe enviado al gobierno solicita su liberación inmediata, así como la restitución de la jueza en su cargo "con derecho a percibir los salarios que ha debido percibir durante el tiempo de la separación forzada de su puesto".
El presidente-relator del Grupo de Trabajo había expresado con anterioridad su preocupación por las declaraciones realizadas por la jueza, e instó a Venezuela a dar una respuesta a la información requerida, la cual evitó una respuesta oficial asegurando que el caso se estaba tramitando con las garantías procesales del caso.
La ONU recalca que Afiuni tiene derecho a un juicio que se adecúe a los estándares internacionales, y al "derecho humano a la libertad provisional".
Afiuni lleva diez meses en prisión, desde que acordó la libertad condicional para el banquero Eligio Cedeño. Tras este suceso se le acusó de corrupción, abuso de autoridad y favorecimiento de evasión entre otros delitos por los que supuestamente fue juzgada y encarcelada.
El abogado de Afiuni, Juan Garantón, afirma que "con esta declaración de la instancia de la ONU, la sala Penal del TSJ está obligada a pronunciarse sobre el caso".
