El departamento de Seguridad Nacional emitió directivas a las autoridades de inmigración para que tengan en cuenta quiénes podrían estar amparados por la reciente orden ejecutiva que anunció el presidente Barack Obama antes de detener o deportar a un inmigrante sin estatus legal.
Republicanos buscan revocar orden ejecutiva
Republicanos buscan revocar orden ejecutiva
A toda costa los republicanos buscan la mejor manera de revocar la orden ejecutiva anunciada el presidente Barack Obama en materia inmigratoria.
Ahora examinan una estrategia jurídica ante las pocas opciones reales que tienen para detener las medidas ejecutivas que dictó Obama en noviembre, las cuales ampliaron los permisos de trabajo y amparan de la deportación a unos cuatro millones de inmigrantes no autorizados.
Los republicanos tienen ahora dos opciones: unirse a una demanda ya presentada por varios estados o presentar una nueva por separado.
Al parecer el líder en la Cámara de Representantes, John Boehner planteó estas posibilidades ante un grupo de legisladores a puerta cerrada, según indicó una fuente que pidió el anonimato.
La Cámara ya aprobó una iniciativa para revocar las medidas de Obama, pero el Senado no parece que vaya a aprobarla. La medida fue incorporada a un proyecto de ley imprescindible para financiar el Departamento de Seguridad Nacional después de febrero.
Estas directivas vienen de la mano con un material de formación dirigido a agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y de la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
El documento interno al que tuvo acceso la agencia de noticias AP describe con ejemplos en qué escenarios los oficiales de inmigración deben hacer uso de su criterio según lo estipula la orden ejecutiva de Obama que evita la deportación de inmigrantes indocumentados que cumplen ciertos requisitos como el tener hijos ciudadanos estadounidenses.
Además la instructiva también incluye la orden de revisar documentos gubernamentales de inmigrantes detenidos para identificar si podrían calificar para quedar en libertad y no ser deportado.
Estas medidas suponen un cambio en la forma de proceder de las autoridades de inmigración. Antes del anuncio presidencial los inmigrantes indocumentados o sus abogados son los que tenían que apelar a su condición y solicitar el amparo migratorio, ahora sería al revés porque la oferta vendría del lado de las autoridades.
Según el plan de Obama, al cual se oponen enérgicamente los republicanos, alrededor de cuatro millones de padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales puedan evitar la deportación y conseguir un permiso de trabajo por tres años, pero no ofrece un acceso a la residencia legal ni a la ciudadanía estadounidense.
