Un sindicato de jueces de inmigración, con 53 años de existencia en Estados Unidos, recibió la orden de obtener la autorización de un supervisor para poder declarar públicamente ante cualquier persona ajena al Departamento de Justicia, una medida que podría silenciar durante un año electoral a un crítico frecuente de las cortes de inmigración marcadas por un enorme atraso de casos.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración se ha expresado con frecuencia en foros públicos, entrevistas con la prensa y con personal legislativo, a menudo para criticar la manera en la que operan las cortes. Ha defendido una mayor independencia y representación legal gratuita. El Club Nacional de Prensa invitó a sus líderes a una conferencia de prensa sobre “las presiones de la crisis de migrantes en el sistema federal de cortes de inmigración”.
La orden del 15 de febrero requiere que el Departamento de Justicia otorgue su aprobación “para participar en compromisos por escrito (como artículos, blogs) y compromisos orales (como discursos, diálogos, entrevistas)”.
Sheila McNulty, juez presidenta de inmigración, se refirió a una decisión que la Autoridad Federal de Relaciones Laborales emitió en 2020 para despojar al sindicato de su poder de negociación colectiva y señaló que sus derechos anteriores "no son válidos en este momento".
La orden prohíbe declarar sin autorización ante el Congreso, medios de comunicación y foros profesionales, señaló Matt Biggs, presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Técnicos y Profesionales, una organización que incluye al sindicato de jueces. Indicó que la orden contradice la postura del presidente Joe Biden “favorable a los sindicatos” y prometió impugnarla.
“Es indignante, es antiestadounidense”, señaló Biggs. “¿Por qué intentan silenciar a estos jueces?”.
El Departamento de Justicia y su Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración de Estados Unidos (EOIR por sus iniciales en inglés), como se conoce a las cortes, no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la orden de McNulty, la cual estaba dirigida a los líderes sindicales Mimi Tsankov y Samuel B. Cole.
Tsankov, presidenta del sindicato y jueza en Nueva York, se negó a comentar, asegurando que un reciente cambio en las políticas le impedía declarar a la prensa o a cualquier persona ajena al Departamento de Justicia a menos que se apegue a los “puntos” aprobados previamente. Cole, vicepresidente ejecutivo de la organización y juez en Chicago, dijo que la orden de McNulty “me prohíbe hablar de esto” sin autorización.
Organizaciones noticiosas, incluida The Associated Press, han buscado con frecuencia el comentario del sindicato de jueces para sus reportes sobre la manera de operar de los tribunales. A diferencia de las cortes civiles o penales, los expedientes de los casos no son públicos y se pueden cerrar muchas audiencias al público para proteger la privacidad. Las cortes son parte del Departamento de Justicia.
Un retraso de más de 3 millones de casos provoca que a los jueces les tome de cinco a siete años decidir cada caso, un posible incentivo para que las personas con pocos argumentos para obtener el asilo puedan conseguir permisos de trabajo en lo que se resuelve su situación.
El gobierno del entonces presidente Donald Trump despojó al sindicato de jueces de los derechos de negociación colectiva que obtuvo en 1979, ocho años después de su fundación. El gobierno de Trump se enfrentó al sindicato, el cual buscaba una mayor independencia y se opuso a un objetivo que desde entonces ha sido eliminado de que cada juez completara 700 casos al año.
El sindicato espera recuperar sus derechos de negociación de la junta federal, dijo Biggs, cuya organización ha continuado con la defensa a su nombre. “No nos hemos rezagado en lo más mínimo en su representación, y eso continuará”, afirmó.
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