El nuevo gobierno de Paraguay de Federico Franco, surgido de la destitución el viernes del ex presidente Fernando Lugo, enfrenta una lucha diplomática cuesta arriba cuando la mayoría de naciones latinoamericanas ponen en duda su legitimidad.
Los gobiernos de Mercosur, formado por Brasil, Uruguay y Argentina, Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia, Perú y Ecuador han expresado “su más enérgica condena a la ruptura del orden democrático acaecido en la república del Paraguay, por no haberse respetado el debido proceso".
"Y suspender al Paraguay de forma inmediata del derecho a participar en la XLIII reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del Mercosur", según un comunicado difundido este fin de semana.
Las nuevas autoridades de Paraguay no hicieron comentarios de inmediato sobre la exclusión.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tomó la decisión de retirar al embajador de Venezuela en Paraguay y detener el envío de petróleo a esa nación.
Chile, Perú y Colombia llamaron el domingo a sus respectivos embajadores en Asunción para consultas. Así lo hizo también México, mientras El Salvador dijo que no reconocía al nuevo gobierno de Franco.
En tanto, a través de un comunicado, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) afirmó que la "nueva forma de golpe de Estado" registrada en Paraguay tiene la finalidad "de atacar los procesos de independencia e integración latinoamericana y caribeña".
El grupo, integrado por Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Antigua y Barbuda, condenó además el"juicio político" a Lugo que, según el bloque, estuvo "plagado de irregularidades" y anunció que no reconocerán "al presidente de facto Federico Franco".
El Gobierno español defendió hoy el pleno respeto a la institucionalidad democrática y el Estado de derecho y confió en que Paraguay "logre encauzar la actual crisis política, así como salvaguardar la convivencia pacífica", señala una nota oficial.
Guatemala, en tanto, aseguró que respeta el derecho interno de cada país y expresó su deseo porque "la actual crisis política en ese país sea resuelta en un marco de legalidad, concordia y de pleno respeto a los derechos humanos".
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se pronunció ayer en la misma línea y si bien lamentó cómo se llegó a la "remoción" de Lugo, subrayó que "formalmente no hubo rompimiento de la democracia" porque se acataron las leyes de ese país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo, por su parte, que el juicio político a Lugo fue "altamente cuestionable", por la manera expedita en que se hizo.
El secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, aseguró que "es una parodia de justicia y un atropello al Estado de Derecho remover a un presidente en 24 horas, sin garantías para defenderse".
Por su parte, la alta representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, hizo un llamamiento para que se respete "la voluntad democrática" de los paraguayos, tras manifestar su preocupación por "los acontecimientos políticos en Paraguay".
Los gobiernos de Mercosur, formado por Brasil, Uruguay y Argentina, Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia, Perú y Ecuador han expresado “su más enérgica condena a la ruptura del orden democrático acaecido en la república del Paraguay, por no haberse respetado el debido proceso".
"Y suspender al Paraguay de forma inmediata del derecho a participar en la XLIII reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del Mercosur", según un comunicado difundido este fin de semana.
Las nuevas autoridades de Paraguay no hicieron comentarios de inmediato sobre la exclusión.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tomó la decisión de retirar al embajador de Venezuela en Paraguay y detener el envío de petróleo a esa nación.
Chile, Perú y Colombia llamaron el domingo a sus respectivos embajadores en Asunción para consultas. Así lo hizo también México, mientras El Salvador dijo que no reconocía al nuevo gobierno de Franco.
En tanto, a través de un comunicado, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) afirmó que la "nueva forma de golpe de Estado" registrada en Paraguay tiene la finalidad "de atacar los procesos de independencia e integración latinoamericana y caribeña".
El grupo, integrado por Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Antigua y Barbuda, condenó además el"juicio político" a Lugo que, según el bloque, estuvo "plagado de irregularidades" y anunció que no reconocerán "al presidente de facto Federico Franco".
El Gobierno español defendió hoy el pleno respeto a la institucionalidad democrática y el Estado de derecho y confió en que Paraguay "logre encauzar la actual crisis política, así como salvaguardar la convivencia pacífica", señala una nota oficial.
Guatemala, en tanto, aseguró que respeta el derecho interno de cada país y expresó su deseo porque "la actual crisis política en ese país sea resuelta en un marco de legalidad, concordia y de pleno respeto a los derechos humanos".
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se pronunció ayer en la misma línea y si bien lamentó cómo se llegó a la "remoción" de Lugo, subrayó que "formalmente no hubo rompimiento de la democracia" porque se acataron las leyes de ese país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo, por su parte, que el juicio político a Lugo fue "altamente cuestionable", por la manera expedita en que se hizo.
El secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, aseguró que "es una parodia de justicia y un atropello al Estado de Derecho remover a un presidente en 24 horas, sin garantías para defenderse".
Por su parte, la alta representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, hizo un llamamiento para que se respete "la voluntad democrática" de los paraguayos, tras manifestar su preocupación por "los acontecimientos políticos en Paraguay".
