El Parlamento Europeo se unió el jueves a Estados Unidos para condenar el encarcelamiento en Cuba del disidente José Daniel Ferrer, a quien el gobierno de la isla califica de "contrarrevolucionario" respaldado por Washington.
La medida de los eurodiputados tuvo lugar un día después que la televisión estatal difundió un reporte sobre Ferrer, que incluyó imágenes en la cárcel que muestran al opositor en aparente buen estado de salud.
Activistas de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cuyo líder es Ferrer, sostienen que la filmación podría haber sido manipulada. Las autoridades cubanas arrestaron a Ferrer hace dos meses y lo acusaron de propinar una golpiza y dejar herido a un ciudadano cubano junto a otras personas.
La madre de Ferrer, Amelia García Vega, dijo por teléfono a Reuters que su hijo "es inocente". "Están calumniando a mi hijo y preparando el camino para condenarlo", añadió.
La resolución parlamentaria de la Unión Europea no es vinculante, aunque los legisladores mostraron preocupación por la "continua persecución, el acoso, los ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de derechos humanos y la oposición política (...)".
Cuba, que rechaza estas acusaciones, tiene suscrito un pacto de cooperación con la UE que "incluye una disposición para suspender el acuerdo en caso de violaciones de los derechos humanos".
La Habana sostiene que Washington está utilizando a Ferrer para socavar al gobierno y derrocar al socialismo en América Latina, y ha acusado a la máxima diplomática estadounidense en la isla, Mara Tekach, de promover la subversión y dirigir "una campaña de calumnias y descrédito contra Cuba".
El Gobierno de Donald Trump niega las acusaciones, diciendo que lleva a cabo su misión de apoyar a defensores de los derechos humanos.
El reporte de la TV local mostró también imágenes de Ferrer en las que no aparece demacrado, ni golpeado, abrazando a su familia al visitarlo en la cárcel, aunque se observa cuando se golpea en la cabeza contra un escritorio.
Ferrer fue condenado a 25 años de cárcel formando parte del grupo de los 75 opositores arrestados en 2003 en una ofensiva del gobierno contra la disidencia conocida como "Primavera Negra". Fue puesto en libertad condicional en 2011 y ahora está pendiente a juicio.
