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Perú: 12 años de cárcel a exlegislador por asesinato de periodista


ARCHIVO - Daniel Urresti habla con su abogada Vanessa Alfaro mientras asiste a su juicio por su presunta participación en el asesinato de un periodista en Lima, Perú, el 4 de octubre de 2018.
ARCHIVO - Daniel Urresti habla con su abogada Vanessa Alfaro mientras asiste a su juicio por su presunta participación en el asesinato de un periodista en Lima, Perú, el 4 de octubre de 2018.

El juez determinó que Daniel Urresti, de 66 años, participó junto a otros militares en el crimen de Hugo Bustíos, quien fue emboscado, ametrallado y dinamitado el 24 de noviembre de 1988 en un camino rural de Perú.

Un juez peruano condenó el jueves a 12 años de cárcel a un exlegislador por ser el coautor del asesinato de un periodista hace 35 años cuando el político era un oficial del ejército durante el sangriento conflicto entre las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso.

El juez Juan Santillán indicó en la lectura de la sentencia de más de siete horas que Daniel Urresti, de 66 años, participó junto a otros militares en el crimen de Hugo Bustíos, quien fue emboscado, ametrallado y dinamitado el 24 de noviembre de 1988 en un camino rural de la provincia de Huanta cuando se dirigía -junto con otro colega que sobrevivió- a cubrir el asesinato de dos campesinos. La dinamita le destrozó la cara y le arrancó un brazo, agregó el juez.

Urresti -quien también fue ministro del Interior, excandidato presidencial, dos veces candidato al municipio capitalino y es invitado con frecuencia por los medios locales para opinar sobre la política local- escuchó la sentencia junto a su esposa e hija, a quienes abrazó antes de ser apresado por la policía. La Fiscalía había solicitado 25 años y el pago de 132.000 dólares, pero se mostró conforme con la decisión. Urresti apeló.

La condena contra el político se logró en un segundo juicio, luego de que un primer proceso absolvió a Urresti. La absolución fue anulada en 2019 por la Corte Suprema, que ordenó un nuevo juicio debido a que el proceso previo había estado plagado de errores.

Urresti, que llegó a ser general del ejército al finalizar su carrera en los primera década del 2000, era en su juventud el jefe de inteligencia en una remota base militar en los Andes llamada Castropampa, en la provincia de Huanta. En 1988 era apenas un capitán. Los jueces determinaron que junto con otros cinco militares de menor rango emboscaron ese año a Bustíos para evitar que difundiera noticias de abusos militares en contra de civiles, sobre todo de campesinos. Precisamente el día de su muerte Bustíos iba a reportar el asesinato de dos campesinos en una zona rural.

Por el crimen de Bustíos fueron condenados a más de 15 años de cárcel, en otro proceso en 2008, los oficiales Víctor La Vera, jefe de la base de Castropampa y cercana al paraje donde mataron al periodista, y el oficial Amador Vidal, quien desde la prisión acusó a Urresti ante las autoridades de integrar el grupo de asesinos.

Sharmelí Bustíos, hija del periodista asesinado, dijo a la prensa que tras 35 años “puedo decir a mis padres que finalmente pueden descansar en paz”. Margarita Patiño, madre de Sharmelí y esposa del periodista y quien impulsó la búsqueda de justicia para su marido, falleció en 2016 en un accidente vial.

La Asociación Nacional de Periodistas dijo en sus redes sociales que la sentencia “constituye un desagravio a la familia Bustíos-Patiño y al periodismo. Es un paso importante hacia la justicia y la defensa de la libertad de prensa en el Perú”.

Huanta, ubicada a 612 kilómetros al sureste de Lima con su cielo celeste intenso y sus campiñas verdes, fue una de las ciudades más violentas durante la guerra interna entre 1980 y 2000.

Herminia Oré, que representa a las personas desaparecidas y torturadas de esa ciudad, dijo en 2015 a un periodista de The Associated Press que “Huanta estaba en una paranoia. Una vela prendida en tu casa de noche era motivo para que los militares te detengan, los policías caminaban en parejas mirando uno y otro a los extremos, pero la violencia era peor en el campo”.

Según una Comisión de la Verdad, el conflicto armado interno en Perú dejó unos 70.000 muertos, la mayoría habitantes de zonas rurales y cuya lengua era el quechua y el ashaninka.

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