El Poder Judicial de Perú dictó el martes por la noche 30 meses de prisión preventiva para tres exasesores del presidente Pedro Castillo. Se trata de Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y Biberto Castillo, quienes son investigados por formar de una presunta organización criminal que se habría enquistado en actual gobierno.
En la lectura de la resolución, el magistrado Víctor Zúñiga Urday consideró que había suficientes elementos contra los acusados. La Fiscalía presentó pruebas de que Marrufo, Cabrera y Castillo cometieron los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Además, no tenían arraigo laboral y existía un inminente peligro de fuga para evadir a la justicia.
Por ello, se consideró que sean ingresados a una cárcel mientras durante las investigaciones.
El fallo resulta un avance en las investigaciones del Ministerio Público sobre el presidente Castillo. En la denuncia constitucional que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó contra el maestro rural ante el Congreso se anota la existencia de un buró político, donde había funcionarios que asesoraban a Castillo a cambio de obtener licitaciones millonarias de obras públicas.
En este grupo que rodeaba al presidente de Perú -aparte de Marrufo, Cabrera y Castillo- estaban Auner Vásquez, Eder Viton, Henry Shimabukuro, Beder Camacho, exsubsecretario personal de Palacio de Gobierno, entre otros, quienes se encuentran en libertad porque se habrían acogido a la figura legal de la colaboración eficaz para proporcionar información a cambio de no ir a la prisión.
Así, integrantes que estuvieron en el círculo cercano de Castillo ya estarían revelando más detalles a la Fiscalía sobre el rol que tuvo en los casos Puente Tarata y Petroperú.
En el primer asunto, el mandatario peruano habría usado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener un soborno de 58 millones de dólares a cambio de beneficiar con la obra a un empresario que aportó en su campaña electoral. Para este propósito, Castillo se confabuló con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el hoy exministro Juan Silva.
En el segundo asunto, el profesor rural habría designado a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la estatal Petroperú con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias. Una de ellas fue el favorecimiento por 47 millones de dólares a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) por 280.000 barriles de biodiesel. La operación se hizo realidad cuando el dueño de la citada compañía, Samir Abudayeh, tuvo una reunión con Castillo en Palacio de Gobierno.
Los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda), quienes serían sus lugartenientes de esta red criminal, también están involucrados.
Cuñada de Castillo salió libre
Yenifer Paredes, cuñada del presidente Castillo, recuperó su libertad en la tarde de ayer tras el fallo de una sala de apelaciones que revocó los 30 meses de prisión preventiva que le habían interpuesto el pasado 28 de agosto.
Paredes tendrá restricciones, incluidas no ausentarse de su domicilio, ir cada mes a un juzgado a registrar su huella digital y asistir a los próximos llamados de los fiscales o jueces. Además, tendrá que señalar su lugar de residencia.
La hermana de la primera dama Lilia Paredes habría cometido los presuntos delitos como lavado de dinero y colusión agravada al estar involucrada como testaferro en una presunta organización criminal que direccionaba las licitaciones de obras públicas desde el año pasado bajo el gobierno de Castillo.
El caso se descubrió en julio cuando el programa dominical "Cuarto Poder" difundió un video de Paredes ofreciendo obras de saneamiento en una comunidad de Chadín, distrito de Cajamarca. En el material audiovisual, ella estaba acompañada de los empresarios Hugo y Anggi Espino, quienes realizaron los proyectos y la delataron ante las autoridades.
El Poder Judicial autorizó a un grupo de fiscales y de la policía peruana detenerla por 10 días. El 9 de agosto pasado se desarrolló una diligencia en Palacio de Gobierno para encontrar a Yenifer Paredes, pero no fue hallada. Al día siguiente también la buscaron sin éxito en su casa de Cajamarca. Tras estas operaciones frustradas, Paredes se entregó de manera voluntaria a la justicia.
Otros cuñados del presidente Castillo habrían servido como testaferros para viabilizar una serie de proyectos públicos en provincias de Perú a partir de un decreto promovido en el Ministerio de Transportes.
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