Un enorme escándalo de corrupción que estremece a políticos en Latinoamérica continúa expandiéndose por la región este martes, cuando el fiscal general del Perú anunció que pedirá el arresto del expresidente Alejandro Toledo por sospechas de lavado de dinero y tráfico de influencias.
Se cree que Toledo está en París. En entrevistas con medios de comunicación el exmandatario ha negado haber cometido delito.
Fiscales peruanos abrieron una investigación formal el lunes por sospechas de que el expresidente aceptó $20 millones en sobornos de la firma de construcción brasileña Odebrecht, alrededor de la cual se centra el escándalo regional.
La fiscalía cree que Toledo recibió el dinero a cambio de dar permiso a la firma para construir una autopista que conectara Brasil con la costa peruana.
El fiscal general Pablo Sánchez dijo a una radio local el martes, que su oficina solicitará el arresto de Toledo, por cargos que son “serios y graves”.
Sánchez agregó que el fiscal Hamilton Castro, quien dirige la investigación contra Toledo, presentará formalmente el pedido a un juez para la “detención preventiva” del expresidente.
Los presuntos pagos se cree que se hicieron a través de Josef Maiman, un empresario peruano-israelí amigo de Toledo, que según dijeron los fiscales el lunes también está siendo investigado junto con el exjefe de Odebrecht en Perú, y cuyo testimonio dio inicio a la investigación.
El sábado, la policía hizo un allanamiento a la casa de Toledo en Lima.
Aunque Toledo había dicho que tenía planeado viajar a la Universidad Stanford en California como académico visitante, ahora ha dicho que volverá a Perú tan pronto como se le asegure que tendrá un juicio justo.
“Dígan cuándo, cómo y dónde y en qué banco me pusieron los $20 millones”, dijo airadamente Toledo en una entrevista con una emisora de radio peruana el fin de semana.
El año pasado Toledo intentó infructuosamente volver a la presidencia, pero quedó en octavo lugar. El activista pro-democracia que lideró las protestas callejeras que llevaron a la renuncia de Alberto Fujimori, podría ahora terminar en la cárcel junto a su archirrival, una idea que para muchos peruanos es increíble.
“Es una traición al pueblo peruano”, dijo en una entrevista el fin de semana el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro de Economía y primer ministro de Toledo. “Es muy triste”.
Las autoridades en Perú y en toda Latinoamérica se han estado moviendo aceleradamente para presentar acusación contra los funcionarios implicados en el escándalo de sobornos de Odebrecht que se presume aceptaron un total de $800 millones de dólares, según declaración jurada de representantes de la compañía en un acuerdo de principio de oportunidad firmado en diciembre con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los sobornos, usados para lograr contratos en 12 países, incluyen unos $29millones en Perú para proyectos construidos durante los gobiernos de Toledo (2001-2006), de Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Hasta el momento tres funcionarios del gobierno de García han sido arrestados.
