El recientemente designado fiscal general de Perú quedó comprometido el viernes en un escándalo que envuelve al sistema judicial del país, al difundirse pocas horas antes de que asuma el cargo una conversación telefónica que lo compromete en la trama de tráfico de influencias.
El portal de internet IDL Reporteros difundió la noche del jueves un audio en el que se escucha a Pedro Chávarry, quien debe reemplazar el viernes al fiscal general Pablo Sánchez, coordinando con un juez para separar a colegas “molestos” de un organismo de formación y capacitación de jueces.
La fiscalía general señaló el viernes en su cuenta oficial de Twitter que Sánchez estaba convocando a una sesión extraordinaria de fiscales supremos, aunque no detalló los motivos.
La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, dijo por Twitter que los fiscales deben anular la elección de Chávarry y optar por un fiscal “intachable”. “La conversación con Hinostroza es gravísima y demuestra que debe ser investigado, y que mintió”, dijo Aráoz, también legisladora del partido oficialista.
La grabación fue registrada en febrero, cuando Chávarry era presidente de la Academia de la Magistratura. El fiscal hablaba con el juez supremo César Hinostroza, quien fue suspendido hace unos días en medio del escándalo y la crisis judicial en el país sudamericano.
Chávarry rechazó cualquier acto ilegal en las conversaciones y afirmó que asumirá el cargo en las próximas horas.
“No voy a dar un paso al costado, no hay nada irregular en los audios”, dijo Chávarry a la estación de televisión por cable Canal N.
Miles de personas marcharon el jueves en Perú en protesta contra la corrupción en el sistema de justicia, sumido en una crisis con la renuncia de sus máximas autoridades.
La crisis estalló hace dos semanas cuando comenzaron a difundirse en medios locales audios telefónicos de jueces que parecían pactar ascensos y sentencias para ayudar a criminales y hasta a una persona acusada de violación.
El jueves una rata gigantesca de cartón fue colgada en un mástil frente a la corte judicial de la ciudad sureña de Cusco, mientras que en Lima miles protestaban contra el sistema de justicia tras la difusión de los escandalosos audios.
Las manifestaciones en varias ciudades del país fueron pacíficas, pero en Cusco hubo momentos de tensión cuando los protestantes bajaron al roedor y pretendieron quemarlo como símbolo de la corrupción, lo cual fue impedido por policías antimotines que lanzaron bombas lacrimógenas.
"El simbolismo juega mucho en las protestas, la gente quiere que las cosas cambien", dijo a la prensa Leonardo Chile, dirigente del sindicato de profesores universitarios de Cusco.
El escándalo por la difusión de audios provocó el jueves la renuncia de Duberlí Rodríguez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, debido a la "crisis institucional" y también del jefe de un poderoso consejo de siete miembros que escogen a los magistrados y las autoridades políticas claves.
El presidente Martín Vizcarra manifestó su apoyo a las protestas pero pidió que sean pacíficas y añadió que Perú tiene "instituciones que no merecen la confianza de la población".
El 80% de los peruanos desaprueba el sistema judicial, según recientes encuestas.
El viernes el Parlamento podría analizar la expulsión de los siete poderosos electores si es que sus renuncias no se oficializan.
Audios o videos han dado un giro a la historia peruana reciente.
En 2000 un video que mostraba cómo los parlamentarios recibían dinero a cambio de sus votos inició la caída del gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
En marzo un evento parecido provocó el fin de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, quien había asumido el poder en 2016.
