Mientras el gobierno de Estados Unidos se preparaba para implementar revisiones expeditas de asilo en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza hace unos meses, las autoridades prometían una diferencia clave con respecto a la versión de la política de la presidencia de Donald Trump: a los migrantes se les garantizaría el acceso a un abogado.
Pero casi tres meses y miles de revisiones después, la promesa de acceso a los abogados parece incumplida en gran medida, según informes de grupos activistas y entrevistas con personas involucradas directamente, algunas de las cuales hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato porque no estaban autorizadas a declarar públicamente sobre el asunto.
Un grupo de abogados calcula que tal vez unos 100 inmigrantes han obtenido representación formal, y sólo cientos más han recibido asesoramiento informal a través de una única llamada telefónica previa a los controles expeditos.
Jones Day, uno de los despachos de abogados más grandes del mundo, se ha asociado con el gobierno estadounidense para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a los inmigrantes. Según una de las personas que habló con la AP bajo condición de anonimato, su banco telefónico atendió 460 consultas telefónicas informales, cada una de las cuales duró unas dos horas, hasta el 21 de junio. Jones Day sólo tuvo dos clientes formales, agregó.
Otros cuatro grupos activistas que ofrecen asesoramiento gratuito y cuyos nombres figuran en el sitio web del sistema judicial de inmigración han atendido muchas menos consultas telefónicas, en parte porque empezaron mucho más tarde, dijo la persona. Los representantes de esos cuatro grupos declinaron hacer comentarios o no respondieron a las solicitudes de la AP.
Eso representa una pequeña fracción de las miles de revisiones expeditas que se han llevado a cabo desde abril, aunque no se pudo determinar un porcentaje exacto. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, cuyos agentes de asilo están encargados de llevar a cabo las entrevistas, no respondieron a preguntas sobre la representación jurídica.
El objetivo de las autoridades federales es completar las revisiones en 72 horas, el tiempo límite para mantener a alguien detenido según la política de la Patrulla Fronteriza. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que con el plazo acelerado se pretende “proporcionar asistencia más rápido a quienes son elegibles y deportar más rápidamente a los que no lo son”. La AP ha solicitado en repetidas ocasiones visitar una instalación de procesamiento para tener una mejor comprensión del proceso.
Durante las revisiones, conocidas como “entrevistas de miedo creíble”, los inmigrantes deben convencer a un funcionario de asilo de que tienen una “posibilidad significativa” de convencer a un juez de que sufren de persecución en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social. Si las aprueban, suelen ser puestos en libertad dentro de territorio estadounidense mientras su caso avanza por el sistema.
El porcentaje de personas que superaron los controles de asilo descendió a 52% durante la segunda quincena de mayo, a medida que el proceso agilizado se encarrilaba, en comparación con un 77% en la segunda quincena de marzo, justo antes de que se iniciara con su implementación.
Las cifras del gobierno no explican ni especifican cuántas revisiones expeditas se llevaron a cabo bajo custodia de la Patrulla Fronteriza sin acceso a asistencia jurídica. Funcionarios del gobierno han atribuido en parte el descenso en las tasas de aprobación a una nueva política que restringe severamente otorgar asilo a las personas que viajan a través de otro país, como México, para llegar a la frontera estadounidense.
Una demanda presentada el mes pasado ante un tribunal federal de Washington pretende poner fin a las revisiones de personas que están bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, haciendo notar que los solicitantes tienen tan sólo 24 horas para encontrar abogados luego de llevar a cabo un viaje que suele ser angustioso. La denuncia sostiene que “esto deja prácticamente sin tiempo o capacidad a los no ciudadanos para consultar con alguien o prepararse satisfactoriamente para estas entrevistas”.
Incluso los inmigrantes que son aprobados en las entrevistas se muestran reacios a hablar de sus experiencias mientras continúan con sus solicitudes de asilo. El senador demócrata Alex Padilla dijo en un comunicado que los informes sobre la falta de acceso a abogados en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza son “preocupantes y decepcionantes.”
El gobierno estadounidense se niega a detallar cuántas revisiones ha efectuado en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, las cuales prohíben la visita presencial de abogados, aunque es muy probable que ronde las miles. El Departamento de Seguridad Nacional dijo el 5 de junio que los funcionarios de asilo hicieron más de 11.500 revisiones en la frontera en las primeras tres semanas después de que las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia de COVID-19 llegaron a su fin, aunque algunas de ellas pudieron haberse llevado a cabo en centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las cuales sí permiten las visitas de abogados.
Por lo general, aproximadamente tres de cada cuatro migrantes aprueban las entrevistas de miedo creíble, aunque son muchos menos a los que finalmente se les concede el asilo. Pero los resultados prácticamente se invirtieron durante los cinco meses del programa de revisiones aceleradas de la presidencia de Trump: solo el 23% aprobó, mientras que el 69% fracasó y el 9% retiró su solicitud, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos.
Biden puso fin a las revisiones rápidas de Trump menos de un mes después de llegar a la Casa Blanca, parte de una orden ejecutiva destinada a “restablecer y mejorar el procesamiento de (las solicitudes de) asilo en la frontera”.
Las revisiones renovadas comenzaron en el Rio Grande Valley, Texas, y una semana después se expandieron a otros complejos de carpas en Laredo y El Paso, en Texas; Yuma, Arizona; y San Diego, todos centros de detención temporales de la Patrulla Fronteriza construidos desde 2021 con cientos de cabinas telefónicas para entrevistas.
Durante aproximadamente tres semanas en abril, los abogados de Jones Day pudieron preparar a todos los migrantes que solicitaron asesoría jurídica informal vía telefónica, pero pronto se vieron rebasados, según una persona con conocimiento directo de las labores.
Algunos proveedores de servicios jurídicos se debatieron entre participar o no en el programa de “expulsión expedita mejorada”, como se denomina el proceso de selección. No se les paga, y a algunos les preocupa que pudiera implicar que lo aprueban y que su participación le proporciona legitimidad al proceso.
El despacho jurídico sin fines de lucro Americans for Immigrant Justice se sumó a la iniciativa encabezada por Jones Day porque lo que está en juego en las entrevistas es “vida o muerte”, dijo Cindy Woods, asesora de política nacional.
“Es una situación difícil en la cual estar, sobre todo por la forma en que se ha planteado esta nueva iteración”, comentó.
Las llamadas que entran por la noche o los fines de semana se pierden, y los abogados dijeron que no tienen forma confiable de responder a los mensajes.
Obtener representación formal para la revisión podría requerir una firma, y ello implica la ayuda de agentes que podrían no estar disponibles. Uno de los clientes de Woods estuvo cinco horas al teléfono mientras aguardaba a que un agente imprimiera un formulario de consentimiento y lo enviara por fax al abogado con la firma del inmigrante.
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, que atiende a clientes a través del centro de atención telefónica dirigido por Jones Day, señaló en un informe que sólo seis de 23 clientes tenían acceso a papel y bolígrafo para tomar notas.
Los abogados de Jones Day ocuparon los rangos más altos del gobierno de Trump, incluido el abogado de la Casa Blanca, Don McGahn. A pesar de los vínculos con el expresidente, quien se refirió al asilo como una “farsa”, el bufete desarrolló una sólida práctica de representación gratuita de solicitantes de asilo conocida como “Proyecto Frontera”, la cual opera desde una oficina que abrió en 2017 a orillas del río Bravo (rio Grande en Estados Unidos), en Laredo.
El bufete se ha negado a comentar públicamente sobre su participación en la prestación de asesoría jurídica para las revisiones expeditas.
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