Un reporte preliminar elaborado por legisladores republicanos concentra la culpa del operativo Rápido y Furioso en cinco funcionarios de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Los indiciados van desde el agente especial a cargo de la división de campo de la ATF en Phoenix hasta el ex director de la agencia.
En el operativo Rápido y Furioso, agentes de la ATF vigilaban a compradores testaferros de armas de fuego en Arizona para tratar de llegar a los líderes de las bandas de contrabando. Los agentes no siempre lograron seguir el tráfico de las armas y algunas de éstas fueron halladas después en sitios donde se cometieron delitos en México y Estados Unidos, incluyendo el lugar donde murió el agente fronterizo Brian Terry.
"Los sospechosos siguieron adquiriendo armas bajo con el conocimiento de la ATF a una tasa alarmante", indicó el reporte. "En la primavera de 2010, crecía la preocupación entre el liderazgo de la oficina de armas en Washington por el alto volumen de armas que se estaban vendiendo bajo Rápido y Furioso. El caso creció tanto que el subdirector de la AFT, William Hoover, solicitó una estrategia de salida para el caso, algo que no se había hecho antes".
Sin embargo, el operativo siguió hasta finales de 2010.
El ex director de la ATF, Kenneth Melson, es señalado en el informe por tener una importante responsabilidad por no asegurarse de que el personal en la oficina central supervisara adecuadamente la división de campo de Phoenix, señala el reporte compilado por colaboradores del legislador republicano por California, Darrell Issa y el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa.
Bajo Rápido y Furioso se identificaron más de 2.000 armas que se sospechaban habían sido adquiridas ilícitamente. Unas 1.400 de éstas no han sido recuperadas.
Los indiciados van desde el agente especial a cargo de la división de campo de la ATF en Phoenix hasta el ex director de la agencia.
En el operativo Rápido y Furioso, agentes de la ATF vigilaban a compradores testaferros de armas de fuego en Arizona para tratar de llegar a los líderes de las bandas de contrabando. Los agentes no siempre lograron seguir el tráfico de las armas y algunas de éstas fueron halladas después en sitios donde se cometieron delitos en México y Estados Unidos, incluyendo el lugar donde murió el agente fronterizo Brian Terry.
"Los sospechosos siguieron adquiriendo armas bajo con el conocimiento de la ATF a una tasa alarmante", indicó el reporte. "En la primavera de 2010, crecía la preocupación entre el liderazgo de la oficina de armas en Washington por el alto volumen de armas que se estaban vendiendo bajo Rápido y Furioso. El caso creció tanto que el subdirector de la AFT, William Hoover, solicitó una estrategia de salida para el caso, algo que no se había hecho antes".
Sin embargo, el operativo siguió hasta finales de 2010.
El ex director de la ATF, Kenneth Melson, es señalado en el informe por tener una importante responsabilidad por no asegurarse de que el personal en la oficina central supervisara adecuadamente la división de campo de Phoenix, señala el reporte compilado por colaboradores del legislador republicano por California, Darrell Issa y el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa.
Bajo Rápido y Furioso se identificaron más de 2.000 armas que se sospechaban habían sido adquiridas ilícitamente. Unas 1.400 de éstas no han sido recuperadas.
