Costarán 3.500 millones de dólares y se adquirirán en un proceso internacional en los próximos meses. Serán 24 aviones de guerra y el primero de ellos deberá ser entregado a Perú antes de finalizar el primer semestre de 2026, justo antes de que culmine el gobierno de Dina Boluarte.
Pero en medio de preocupaciones por la seguridad interna del país, asolado por el accionar de organizaciones criminales y decisiones políticas que dificultan su combate, el anuncio de la adquisición de la flota de naves de combate provocó controversia.
Algunos medios locales de comunicación tildaron de “absurda” la compra y cuestionaron si era de “necesidad nacional”, teniendo en cuenta la ola de inseguridad ciudadana, el estado de los servicios públicos y los escándalos de corrupción en torno a compras militares.
La Voz de América conversó con el exprimer ministro y militar en retiro Óscar Valdés, quien consideró que la adquisición de los aviones caza sí está justificada.
“Se hacía necesario que se compren estos aviones caza ahora… Lamentablemente en el Perú hace 30 años que no se hacía nada de eso, entonces la Fuerza Aérea está casi obsoleta, por eso es que de alguna manera se justifica que se compre esto”, dijo.
“No se compró antes porque los gobiernos no querían comprar, porque los políticos decían no y postergaban y decían para la próxima, para la próxima, y hemos estado relegando una compra que es necesaria. Las Fuerzas Armadas vienen pidiendo estas compras desde hace muchos años”, afirmó.
Compras salpicadas de escándalos
Cuando el ministro de Defensa Walter Astudillo confirmó esta semana la adquisición de las naves, calificó la decisión de “importantísima” e “histórica” y dijo que con ello se buscaba garantizar la defensa del país.
La última compra importante de aviones caza se hizo en la década de 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se trató de 18 aviones interceptores MiG-29 y 18 aviones de ataque a tierra Sukhoi Su-25, todos eran usados y fueron comprados a sobreprecio entre los años 1996 y 1998, en momentos en que Perú mantenía una disputa fronteriza con su vecino Ecuador.
Por esa adquisición, el gobierno peruano pagó 536 millones de dólares, de los que 320 millones fueron para pagar sobornos, según la justicia peruana, que condenó a siete importantes funcionarios por el caso. El exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, actualmente preso, reconoció que recibió millonarios pagos para facilitar la operación.
La otra compra importante, que también estuvo rodeada de escándalo, fue la de aviones Mirage 2000 en la década de 1980. El expresidente Alan García fue acusado de recibir sobornos por más de 100 millones de dólares para firmar un nuevo contrato y adquirir menos naves de lo previsto en un acuerdo previo. El caso lo denunció un senador en 1986.
“Normalmente las comisiones de los que venden armas ya están incluidas en los costos. Hoy día con el Libro Blanco (para la defensa), con la transparencia, con el control que hay de la Contraloría sobre las compras, ya es más difícil de hacer o realizar. No es como antes que decían secreto militar y pasaba todo. Ya no es así”, dijo el exprimer ministro Valdés.
¿Críticas con sentido?
Según expertos, Perú no ha hecho inversiones importantes en defensa en las últimas décadas y un reflejo de ello es que su flota aérea tiene ya casi 40 años de servicio y un tiempo similar su equipamiento terrestre.
Esto contrasta con las compras hechas por su vecino del sur, Chile, que adquirió cazas F-16 la década pasada y es el único país en Sudamérica con ese tipo de naves. Y más recientemente Argentina, que anunció en abril de este año que alcanzó un acuerdo para adquirir 24 aviones, también F-16.
“La seguridad es integral: es interna y externa al mismo tiempo. Una no debe tener mayor peso sobre la otra. Entonces si es así y están pensando en invertir o gastar, como se quiera ver, 3.500 millones de dólares para adquirir 24 aviones de combate nuevos, creo que habría que invertir, si bien no una cifra similar, al menos una cifra fuerte, para hacer frente al crimen organizado, que es un tema de seguridad nacional en estos momentos y que el gobierno no está enfrentando como debiera”, dijo a la VOA Carlos Rada, analista en temas internacionales y militares.
“Sí creo que es imperativa esta compra, más aún en el agravamiento de los conflictos a nivel global, pero esa gran inversión en la defensa externa del país debiera ir de la mano con la defensa interna del país”, resaltó.
La semana pasada, gremios empresariales peruanos dijeron que el Estado está "perdiendo la batalla" contra el crimen organizado, en una escalada que ha forzado al Gobierno a convocar a los militares para ayudar a la policía a velar por la seguridad en Lima.
El gobierno decretó un estado de emergencia por 60 días en 12 distritos de Lima en busca de frenar el aumento de la delincuencia, después de que conductores de buses en la ciudad pararon sus servicios para exigir a las autoridades mayor protección tras una ola de extorsiones y ataques al sector.
Ante las críticas de algunos sectores a la compra de los caza, el ministro de Defensa Astudillo pidió al Congreso y al Ministerio Público a iniciar investigaciones contra los que cuestionan la compra “para determinar si están defendiendo intereses de otros países”. De ser así, estarían “incurriendo en traición a la patria”, dijo.
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