El promedio de tiempo que toma resolver un caso en las cortes de inmigración estadounidenses es de cuatro años.
Pero ese no es el mandato que tiene el juez de inmigración Francisco Prieto.
A este magistrado en Nueva York el gobierno le ha dicho que resuelva los casos en un plazo de 300 días. En ese tiempo Prieto espera poder decidir las decenas de casos diarios que tiene de familias que recién llegaron a Estados Unidos por la frontera y que, tras pocos días detenidas, fueron dejadas en libertad con una notificación para comparecer en la corte.
El gobierno estadounidense ha puesto a estos migrantes recién llegados -que usualmente provienen de Latinoamérica- al comienzo de las listas de casos de jueces como Prieto y por delante de muchos otros migrantes que llevan años en el país.
Estados Unidos cree así que otros latinoamericanos quizás decidan no emigrar al saber que sus casos se resolverán rápido. El país lidia en la actualidad con una acumulación de 1,4 millones de casos en las cortes de inmigración.
Hace casi seis meses, la administración del presidente Joe Biden estableció esta nueva lista de casos -llamada en inglés “dedicated docket”- para lidiar con familias recién llegadas, muchas de ellas en busca de asilo. El programa es un paso modesto para establecer orden en la frontera, donde las autoridades estadounidenses han visto cifras inusualmente altas de migrantes. En septiembre, por ejemplo, casi 15.000 migrantes, en su mayoría haitianos, acamparon bajo un puente en el pueblo fronterizo de Del Río, en Texas.
Aproximadamente 35 de los más de 530 jueces de inmigración del país fueron asignados a este nuevo sistema de aceleración de casos, según datos de la oficina que supervisa las cortes migratorias. Estos jueces manejan el nuevo sistema mientras siguen al mismo tiempo con sus listas regulares de casos.
A pesar de que esta lista “rápida” de casos se inició hace poco, la iniciativa enfrenta las mismas quejas y desafíos que cuando la impuso por primera vez el expresidente Barack Obama. Los críticos del nuevo programa aseguran que los migrantes no recibirán un trato justo cuando las autoridades se apresuren y aceleren sus casos, especialmente si los migrantes carecen de abogado.
Los jueces de la iniciativa siguen los mismos procedimientos que en casos regulares pero dan a los migrantes plazos más cortos de tiempo cuando fijan fechas en la corte.
Sea como sea, el sistema de aceleración representa una parte diminuta en el enorme volumen de casos que llegan a las cortes de inmigración.
En la época de Obama y del expresidente Donald Trump, la gran mayoría de los casos en la lista “cohete” carecieron de representación legal y muchos resultaron en deportación, según datos del Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute, en inglés).
A Prieto, el juez de Nueva York, le asignaron más de 1.600 casos del “dedicated docket” antes de fines de agosto, además de los que ya tenía anteriormente, según cifras de la Transactional Records Access Clearinghouse, o TRAC, en la Universidad de Syracuse, que recopila y analiza datos federales.
Un día el mes pasado, el magistrado, que fue designado por Trump, urgió a las familias migrantes que se presentaban en su sala a llamar a abogados de bajo coste o gratuitos que aparecen en una lista que la corte entrega. Algunos de los migrantes le dijeron que nadie responde el teléfono cuando llaman o se les dice que no pueden ser ayudados.
Prieto les pidió que insistieran y fijó nuevas fechas para que comparezcan en su tribunal.
Algunas familias le hablaron de sus problemas: la inconveniencia de llevar un grillete electrónico en el tobillo y otras restricciones que les impone la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, más conocida como ICE.
Joselyn Margarita Aguilar, una hondureña que apareció con su hija pequeña frente al juez, le dijo al magistrado que ICE le ha dicho que no puede salir de su casa los viernes.
“Encontré un trabajo y ahora lo perdí porque no puedo faltar los viernes”, dijo Aguilar al juez. “Necesito más tiempo (para encontrar un abogado) porque no tengo trabajo y no puedo pagar”.
Una cantidad inusual de casos no pudieron ser escuchados por Prieto ese mismo día porque la corte no recibió notificaciones por parte del Departamento de Seguridad Interna sobre cada una de las audiencias. Prieto dijo a las familias que esperaran a que les llegara otra notificación de la corte por correo.
El magistrado se conectó por teléfono en un momento dado con un intérprete de creole, en el caso de una familia haitiana. Sin embargo, casi no se podía oír al intérprete. Prieto pidió ser conectado con otro. El hijo pequeño de la pareja de haitianos corría por la sala de la corte mientras esperaban y empezó a llorar cuando sus dedos quedaron trabados en la pequeña puerta rotatoria del tribunal.
Otra mujer, ecuatoriana, que llegó con su marido y dos hijos, uno de ellos en carrito para bebés, le preguntó a Prieto como podía conseguir un permiso de trabajo. El juez le respondió que debía hablar sobre eso con su abogado.
Hasta mediados de septiembre, jueces del “dedicated docket” de Biden han escuchado casi 16.000 casos, según los datos más recientes de la oficina que maneja las cortes de inmigración. De esta cifra, más de 100 han recibido, hasta mediados de septiembre, una decisión por parte de los jueces, según datos oficiales. La oficina federal no dijo cuántos de esos fueron de negación o aceptación de asilo.
Más de la mitad de todos los casos del nuevo programa están en Nueva York y Boston, que son destinos de muchos ecuatorianos, haitianos y brasileños, según el análisis de TRAC.
En Boston casi uno de cada cinco casos en la ciudad hasta agosto fue asignado al juez Mario Sturla. El magistrado, designado por Obama, tenía 3.178 casos con el nuevo programa, casi la mitad de su total de casos, que se acerca a 7.000.
Una tarde octubre casi todos de los aproximadamente 20 casos ante Sturla en el nuevo programa eran brasileños y la enorme mayoría eran padres y madres con niños pequeños. El juez era paciente y amable mientras las familias respondían sus preguntas a través de intérpretes, al mismo tiempo que calmaban a niños que lloraban o se movían demasiado.
Muy pocas familias tenían abogados. Una mujer de 24 años de Cuenca, Ecuador, que se plantó en la corte con dos hijos pequeños dijo antes de su audiencia que no sabía que iba a pasar. La mujer, llamada Angie, pidió que no se hiciera público su apellido por motivos de seguridad. El juez le dijo que regresara a la corte con un abogado en marzo.
“Estaba nerviosa, con miedo, preocupada de qué iba a pasar", dijo Angie, quien explicó que huyó de Ecuador porque dijo que la amenazaron con forzarla a prostituirse. “Ahora me siento mejor. El juez parecía amable. Él estaba muy calmado, pero veremos qué pasa”.
Angie dijo que cruzó la frontera en San Diego en agosto y vive temporalmente con un tío en Worcester, Massachusetts.
“La verdad es que tengo miedo de que me devuelvan a mi país y no sé qué nos pasaría allí”, dijo.
El programa de aceleración de casos es parte del sistema “más humano” de asilo del presidente Biden, del que hasta el momento se han dado pocos detalles.
Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Interna, dijo en mayo que el programa era “un paso importante tanto para la justicia como para la seguridad fronteriza”.
“Las familias que llegaron recientemente no deberían languidecer en acumulaciones de casos que duran años”, dijo el funcionario.
Theresa Cardinal Brown, del Bipartisan Policy Center, un centro de investigación y educación, dijo que es escéptica a menos que el programa cuente con más recursos.
“Se les está pidiendo a jueces de inmigración que tienen largas listas de casos regulares que también hagan esto”, dijo Brown, quien recomendó que se abran posiciones nuevas en cortes en la frontera que podrían decidir los casos en seis meses.
“No se ha expandido la capacidad (para este nuevo programa) para nada,” indicó.
Neptali Chiluisa, de 47 años, cruzó la frontera en junio con un hijo de 14 años. En Ecuador quedaron su esposa y tres hijos más. El hijo adolescente, sin embargo, regresó a Ecuador en agosto después de no encontrar una escuela en Nueva York que le garantizara una plaza en ese momento.
Chiluisa, que alquila una habitación por 800 dólares al mes en el Bronx, era técnico de instalación de calderas en el ejército en Ecuador. En Nueva York, ha encontrado empleo haciendo lo mismo en zonas de construcción. El inmigrante dice que se fue a Estados Unidos por motivos económicos y se pregunta si tiene opciones para quedarse sólo un par de años legalmente, trabajando, y después regresar a Ecuador.
“El gobierno (estadounidense) debería ser más accesible, debería ayudar más para la legalización o al menos ofrecer un permiso de trabajo,” dijo Chiluisa. “Aquí hay necesidad de trabajo”.
Un juez asignado al nuevo programa de aceleración de casos le dijo en octubre que regrese a la corte este mes.
