La creación de una comisión de investigación del Mercosur para esclarecer lo ocurrido en los años del Plan Cóndor, instrumentado por las dictaduras cívico-militares del Cono Sur en los 70 para reprimir a los opositores, fue saludada por la organización Reporteros Sin Fronteras.
RSF dijo que recibió “con gran esperanza” la creación de esta comisión, ya que es necesario pugnar “por un acceso a la información más amplio en lo que concierte a este periodo”.
“Son numerosos los periodistas que fueron víctimas de las dictaduras militares de seis países de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)" en el marco del Plan Cóndor, aseguró la organización en un comunicado.
En una reunión sobre derechos humanos que se realizó en Montevideo el lunes 24 de octubre, representantes de los estados miembros del Mercosur –Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- decidieron impulsar la creación de una comisión conjunta que reafirme la búsqueda de “verdad y justicia” en la región.
Avances en Argentina, Uruguay y Brasil
El anuncio coincidió esta semana con importantes avances judiciales y legislativos alcanzados en Argentina y Uruguay, y en menor medida Brasil, para permitir el escrutinio de los crímenes cometidos durante las dictaduras y condenar a los violadores de derechos humanos.
En Argentina, el Tribunal Federal de Justicia Nº 5 dictó una sentencia histórica sobre un total de 18 represores acusados de crímenes de lesa humanidad en la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada -ESMA-, uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.
Entre los militares sometidos a juicio, 12 fueron sentenciados a cadena perpetua entre quienes se encuentran figuras emblemáticas de la represión como Alfredo Astiz alias “el Ángel de la Muerte”, Jorge “el Tigre” Acosta, Miguel Caballo y Adolfo Donda Tigel.
En Uruguay, el Poder Ejecutivo promulgó una ley aprobada por el Congreso que declara todos los crímenes ocurridos en la dictadura como de “crímenes contra la humanidad”, para poder evitar así su prescripción el próximo primero de noviembre.
La ley "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado" hasta el 1 de marzo de 1985, cuando se retornó a la democracia.
Asimismo, declara estos delitos como "crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales signados por Uruguay" y estipula que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad" para juzgarlos.
En Brasil, en tanto, el Congreso aprobó de forma unánime una comisión de “verdad y reconciliación” para investigar los abusos cometidos bajo el periodo dictatorial (1964-1985).
Pero el alcance de la comisión es limitado, según señalaron ex presos políticos y organizaciones de derechos humanos, ya que la ley de amnistía de 1979 sigue en pie y no permite condenar a los autores de los crímenes.
