En las sobrecargadas ciudades fronterizas de México, la gente mira con preocupación que se mantenga una política estadounidense de mantener a los migrantes centroamericanos que piden asilo en Estados Unidos esperando al sur de la frontera mientras se resuelven sus casos.
Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos decidió el martes que el gobierno de Donald Trump puede seguir haciendo que los inmigrantes esperen en México a su vista migratoria mientras se dirimen las impugnaciones judiciales sobre esa práctica.
La agencia mexicana de inmigración señaló el miércoles por la noche que 4.217 solicitantes de asilo centroamericanos habían regresado ya por tres ciudades fronterizas. Washington ha dicho que quiere expandir el programa a toda la frontera.
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El gobierno de México no hizo comentarios sobre la decisión judicial, pero otras personas que ven la situación más de cerca sí expresaron su opinión.
“Que resuelvan su problema en Estados Unidos y no lo trasladen a nosotros”, dijo Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, que se encuentra al otro lado de la frontera con El Paso, Texas. Juárez ha recibido 1.344 solicitantes de asilo regresados, más que cualquier otra ciudad, desde el inicio del programa en San Diego el pasado 29 de enero.
Los once centroamericanos que han llevado esta práctica estadounidense a los tribunales alegan que obligarles a esperar en México a un proceso legal que podría tomar años pone en peligro su seguridad.
Los inmigrantes en muchas ciudades fronterizas mexicanas suelen ser objetivos fáciles para pandillas del crimen organizado, que los secuestran para extorsionar a sus parientes o intentan reclutarlos para negocios de drogas y tráfico de personas.
Vicente Sánchez Munguía, investigador de administración pública en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, dijo que algunas poblaciones fronterizas llevan años sufriendo situaciones graves de seguridad.
“Generaría (...) una exposición muy fuerte de los migrantes en espera a posibles atentados a su seguridad”, señaló. “La velocidad con la cual se atienden los casos en Estados Unidos podría hacer que la gente que está solicitando y en espera en México pueda incrementarse en número y por tanto generar una situación crítica”.
La política estadounidense requiere que los solicitantes de asilo que han hecho su solicitud se presenten en la frontera los días que tienen vistas judiciales. Personal del gobierno de Estados Unidos los lleva al tribunal y después de vuelta a la frontera para que vuelvan a entrar en México.
Clara Long, investigadora de Human Rights Watch que estudia esta práctica, conocida coloquialmente como “quedarse en México”, dijo que los inmigrantes regresados con los que habló estaban asustados. Esta semana entrevistó a una mujer en Juárez que había sido violada cuando buscaba un lugar donde alojarse y a otra que fue secuestrada y tuvo que pagar su liberación.
“No tienen ni idea de qué hacer para mantenerse a salvo”, señaló.
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A dos familias con niños pequeños que fueron devueltas la semana pasada para esperar en México les dijeron que tenían que irse del albergue donde se alojaban porque solo se admitían estancias de siete días.
“No tienen ni idea de a dónde van a ir ni de qué van a hacer”, dijo Long.
Algunos con familiares que podían enviar dinero se alojaban en hoteles baratos, pero a menudo tenían que elegir entre pagar la habitación y comer, señaló. Otros ocuparon viviendas abandonadas en la ciudad.
La Secretaría mexicana de Relaciones Exteriores no respondió a peticiones de comentarios. El gobierno mexicano ha insistido en el pasado en que la política es una medida unilateral estadounidense y que México se centrará en dar un trato humanitario a los migrantes.
El gobierno de Estados Unidos ve esa estrategia en parte como otra forma de disuasión de los migrantes que solicitan asilo. Hasta ahora, los solicitantes de asilo a menudo eran liberados en Estados Unidos tras aprobar una entrevista inicial de temor creíble, especialmente los que viajaban con niños, y recibían instrucciones de regresar para asistir a sus vistas judiciales. La nueva medida implica llevar a muchos de vuelta a México para que esperen allí.
Pero el gobierno estadounidense también se ha visto sobrepasado por el número de familias de Honduras, El Salvador y Guatemala, y dice que no tiene dónde alojarlas. La Patrulla Fronteriza detuvo en abril a 109.144 inmigrantes, la cifra más alta desde 2007.
Claudia Portela, que trabaja en el refugio y comedor social Padre Chava en Tijuana, dijo que algunos migrantes en esa situación se alojaban allí.
“Causa una gran incertidumbre, inseguridad”, señaló.
Algunos pueden llevar mejor la espera si consiguen permisos de trabajo en México, pero por lo demás sus vidas son muy precarias.
“Van a ser presa fácil del crimen organizado, son vulnerables”, señaló.
