La crisis política de Guatemala sigue profundizándose, con multitudinarias protestas en todo el país y llamados de diferentes sectores públicos y privados para que el presidente Otto Pérez Molina renuncie.
El jueves se sumaron al llamado la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas, diciendo en un comunicado que el presidente "debe renunciar para evitar mayores disturbios sociales que podrían desestabilizar a la nación".
La Conferencia Episcopal de Guatemala exigió justicia y transparencia en un comunicado.
Comercios y oficinas estuvieron cerrados el jueves en Ciudad de Guatemala, mientras miles de manifestantes desde estudiantes a campesinos, activistas y ciudadanos instaban al mandatario a renunciar.
El Congreso nombró una comisión para estudiar si hay méritos para retirar la inmunidad al presidente a fin de enjuiciarlo.
Pérez Molina, que enfenta un proceso de enjuiciamiento y posibles cargos relacionados con un fraude aduanero no ha hablado públicamente desde el domigo cuando desmintió su participación en la millonaria estafa y dijo enfáticamente que no renunciaría.
El jueves por la tarde, el vocero presidencial Giovanni Contreras dijo en su cuenta de Twitter que el presidente no había renunciado.
La exvicepresidenta del Pérez Molina Roxana Baldetti no recibió la libertad condicional que buscaba el miércoles. Ella está detenida cusada de conspiración, fraude aduanero, y soborno basados en acusaciones de que aceptó $3,7 millones de dólares de empresarios que querían evadir impuestos aduaneros.
El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, dijo en la cuenta de Twitter de la Embajada que "la verdad es que las protestas en el Parque Central y por todo el país han ayudado a enfocar el tema para las autoridades".
